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LA HABANA.- En Cuba se han verificado 70 protestas desde que colapsara casi totalmente el sistema eléctrico nacional, el pasado 18 de octubre, en las provincias Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara, según el reporte de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia 11J.
La ONG informó en su portal que se han detenido a 25 personas por la supuesta participación en esas actividades que el régimen califica de “desórdenes públicos”.
Tras el paso del huracán Rafael el día 6 de noviembre se produjeron 12 del total de protestas con 14 detenidos. La ONG lleva una data actualizada del número de protestas y detenidos, agregando el estatus de seguimiento.
Justicia 11J manifiesta su preocupación “por todas las personas detenidas de las que no tenemos información, cuyos casos no podremos visibilizar para promover su inmediata liberación. De igual manera, nos preocupa que la Fiscalía no menciona a las personas actualmente en detención de la provincia de Villa Clara, arrestadas desde el inicio de la nueva ola de protestas en octubre».
Resulta inquietante también los procesos penales iniciados, pues las condenas de las personas detenidas en anteriores escenarios de protestas desde el 2021, en algunos casos, se han extendido hasta más de 20 años de privación de libertad, acotó la ONG.
“Nuevamente, rechazamos las detenciones contra ciudadanas y ciudadanos que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna, a que su bienestar sea prioridad del Estado y los órganos de gobierno y sus funcionarios”.
La Fiscalía General de la República de Cuba publicó el 9 de noviembre una nota informativa en la que confirma que en los últimos días se han producido detenciones en tres provincias de la Isla. El comunicado de la Fiscalía informa que se tramitan procesos penales por delitos de atentado, desórdenes públicos y daños
Las detenciones están relacionadas con expresiones de descontento social ante el recrudecimiento de las pésimas condiciones de vida en el país y las malas gestiones de las autoridades en el manejo oportuno de la crisis, enfatizó el ente no gubernamental.
El inicio de estos procesos penales está relacionado con las declaraciones de Miguel Díaz-Canel el 20 de octubre, cuando afirmó: “No vamos aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra Revolución”, dejando en evidencia la continuidad de la naturaleza represiva contra expresiones públicas de descontento en el país, concluyó el parte de la ONG.
FUENTE: ONG JUSTICIA 11J / REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS
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