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Un miembro de la oposición venezolana, preso tras las elecciones de julio, falleció por falta de atención médica a tiempo, denunció la dirigente María Corina Machado.
Jesús Manuel Martínez Medina, un músico y compositor miembro de Vente Venezuela, la organización política liderada por Machado, fue arrestado por agentes de los servicios de inteligencia un día después de los comicios, el 29 de julio por la noche, en su vivienda en Aragua de Barcelona, en Anzoátegui, en el oriente del país.
“Lo trasladaron a unos calabozos infrahumanos en Anzoátegui, fue fuertemente maltratado y estuvo en unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas”, dijo en sus redes sociales.
De acuerdo con la líder opositora, las autoridades «le negaron cualquier tipo de atención médica» a Martínez Medina, quien padecía de diabetes tipo dos y presentaba un problema cardíaco, hasta que fue trasladado recientemente a un hospital.
“Los médicos, al ver el estado en el que se encontraba Jesús, decidieron que debían amputarle ambas piernas. En medio del procedimiento, esta mañana, falleció”, continuó Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Martínez Medina, considerado un preso político, participó como testigo de mesa por el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España.
Las autoridades venezolanas no se han referido al caso públicamente. Según voceros del gobierno y de instituciones como el Ministerio Público, en el país no existen presos detenidos por razones políticas, sino vinculados a presuntas conspiraciones y acciones violentas para deponerlos del poder.
Acusan responsabilidad del Estado
Machado responsabilizó a Maduro y su gobierno de la muerte de Martínez. “Murió por las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado. A Jesús se lo llevaron por ejercer un derecho y un deber ciudadano”, insistió.
De acuerdo con el Foro Penal, actualmente existen 1.976 presos políticos en Venezuela. Según esa organización que brinda asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria, 1836 detenciones han ocurrido desde el 29 de julio, cuando se registraron protestas contra los resultados que dieron al presidente Nicolás Maduro ganador de los comicios.
Casi cuatro meses después de la elección la autoridad electoral venezolana no ha publicado resultados desglosados, en medio de denuncias de fraude de la oposición que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que dan como ganador a González Urrutia.
Según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se han agravado tras los comicios.
Desde el 2015, al menos 12 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en medio de circunstancias no esclarecidas.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, según defensores de derechos fundamentales.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la comunidad internacional a no aceptar “ni normalizar” la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales, y llamó a impulsar un esfuerzo “coordinado y diplomático” para respaldar una transición pacífica a la democracia en ese país.
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