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Los fiscales que lograron la condena de Donald Trump por el pago de dinero por silencio a una actriz porno se opusieron el martes a su esperanza declarada de que se desestime el caso ahora que es presidente electo, y pidieron a un juez que fije un calendario para litigar el asunto.
Trump, de 78 años, espera asumir un segundo mandato sin el lastre de ninguno de los cuatro casos penales a los que se ha enfrentado y que algunos creían que harían descarrilar su candidatura para volver a la Casa Blanca.
Trump fue condenado en mayo por falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares que su exabogado Michael Cohen hizo a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio antes de las elecciones de 2016 sobre un encuentro sexual que dice haber tenido con el multimillonario, quien lo niega.
Fue la primera vez que un presidente de Estados Unidos, en ejercicio o fuera del cargo, ha sido condenado o acusado de un delito penal.
Estaba previsto que Trump fuera sentenciado el 26 de noviembre, pero el juez Juan Merchán puso en pausa la semana pasada todos los procedimientos del caso a petición de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Los fiscales habían pedido más tiempo para considerar los próximos pasos en el caso, citando la necesidad de equilibrar los «intereses contrapuestos» entre que el caso penal siga adelante y la protección del cargo de presidente.
Los fiscales sugirieron que se les diera de plazo hasta el 9 de diciembre para oponerse a la petición de Trump.
También dijeron que se debe considerar la posibilidad de aplazar todos los procedimientos hasta después de que Trump termine su mandato de cuatro años que comienza el 20 de enero, pero se abstuvieron de apoyar explícitamente esa opción.
¿Una victoria «total»?
Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, calificó en un comunicado la postura de Bragg como «una victoria total y definitiva» para el republicano.
Trump se declaró inocente en el caso, que ha retratado durante mucho tiempo como un intento políticamente motivado de Bragg, un demócrata, para interferir en su campaña.
Sus abogados defensores instaron a Merchán a desestimar el caso, argumentando que el hecho de que se cerniera sobre él mientras era presidente causaría «impedimentos inconstitucionales» a su capacidad para gobernar.
Los abogados de Trump también argumentaron que su condena debería ser anulada y los cargos desestimados debido al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en julio de que los presidentes no pueden ser procesados por sus actos oficiales, y que las pruebas por el ejercicio del cargo no pueden ser usadas en juicios sobre el comportamiento personal.
La oficina de Bragg dijo que su caso se refería a una conducta puramente personal.
La falsificación de documentos comerciales se castiga con hasta cuatro años de prisión. Antes de ser elegido, los expertos decían que era poco probable -pero no imposible- que Trump pasara tiempo entre rejas, y veían más probables castigos como una multa o la libertad condicional.
La victoria de Trump sobre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris el 5 de noviembre hizo que la perspectiva de imponer una pena de cárcel o libertad condicional fuera aún más tensa e impracticable, dado que una sentencia podría limitar su capacidad para llevar a cabo las tareas de la presidencia.
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