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Los gobiernos de la Unión Europea no pueden elegir si ejecutan o no las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra dos líderes políticos israelíes y un comandante de Hamás, dijo el sábado el responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.
La CPI dictó las órdenes el jueves contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el dirigente de Hamás Ibrahim Al-Masri, por presuntos crímenes contra la humanidad.
Todos los Estados miembros de la UE son signatarios del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
Varios Estados de la UE han dicho que cumplirán sus compromisos en virtud del Estatuto si es necesario, pero el primer ministro húngaro, Viktor Orban, invitó a Netanyahu a visitar su país, asegurándole que no correría ningún riesgo si lo hiciera.
«Los Estados que firmaron la Convención de Roma están obligados a aplicar la decisión del Tribunal. No es opcional», dijo Borrell, el principal diplomático de la UE, durante una visita a Chipre para un taller de activistas por la paz israelíes y palestinos.
Las mismas obligaciones son también vinculantes para los países que aspiran a ingresar en la UE, afirmó.
«Sería muy gracioso que los recién llegados tengan una obligación que los miembros actuales no cumplan», dijo a Reuters.
Estados Unidos rechazó la decisión de la CPI e Israel dijo que la medida de la CPI era antisemita.
«Cada vez que alguien discrepa de la política de un gobierno israelí, se le acusa de antisemitismo», dijo Borrell, cuyo mandato como responsable de política exterior de la UE finaliza este mes.
«Tengo derecho a criticar las decisiones del gobierno israelí, sea Netanyahu u otro, sin que se me acuse de antisemitismo. Esto no es aceptable. Ya basta», agregó.
La campaña de 13 meses de Israel en Gaza ha matado a unos 44.000 palestinos y desplazado a casi toda la población del enclave, al tiempo que ha creado una crisis humanitaria, han dicho las autoridades de Gaza.
Israel comenzó su ofensiva tras el ataque dirigido por Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas en el sur de Israel y más de 250 fueron tomadas como rehenes, según ha declarado Israel.
En su decisión, los jueces de la CPI afirmaron que había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant eran penalmente responsables de actos como asesinato, persecución y uso de la hambruna como arma de guerra en el marco de un «ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza».
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