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El gobierno de Venezuela calificó el martes de “desacertadas” las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien pidió la liberación de menores de edad detenidos en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y cuestionó la falta de implementación de mejores prácticas judiciales.
“Las autoridades venezolanas han informado oportuna y ampliamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre todas las medidas adoptadas en el orden interno para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma, así como los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos con la Fiscalía”, precisó la Cancillería en un comunicado.
En el texto, la administración del presidente Nicolás Maduro consideró “preocupante” que la CPI no esté al tanto de esos avances, incluyendo la reactivación de la presencia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), que según aseguró, fue concretada el mes pasado.
En sus declaraciones del lunes, Khan sostuvo que el Estado venezolano debe cooperar de manera “más tangible” con su oficina, advirtió que la complementariedad no puede ser “interminable”, y reiteró que las investigaciones de la Fiscalía por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “siguen en curso”, durante la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI.
Para Caracas sin embargo, el fiscal se dejó llevar por informaciones de “campañas públicas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y las potencias occidentales”. El gobierno también invitó a visitar nuevamente Venezuela, para seguir abordando compromisos mutuos.
Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales, un resultado disputado por la oposición, que denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como vencedor y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidas.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.
El gobierno de Maduro ha asegurado que se busca “instrumentalizar” los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los presuntos crímenes de lesa humanidad “nunca han ocurrido”.
Desde que asumió el cargo en 2021, Khan ha visitado Venezuela en cuatro oportunidades. La última vez fue en abril de este año, cuando instaló en Caracas una extensión de su oficina que tiene funciones de asesoría técnica, capacitación y formación de fiscales y jueces venezolanos.
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