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Un decreto del presidente argentino Javier Milei redujo de 21 a 18 años la edad mínima para el uso, tenencia y portación de armas de fuego, una medida en sintonía con su promesa en campaña de facilitar el acceso a las mismas en momentos en que la inseguridad escala entre las principales preocupaciones de sus compatriotas.
La resolución fue publicada el martes en el boletín oficial y sostiene que la modificación tiene por objetivo “armonizar” la reglamentación sobre las condiciones generales que se exigen a los legítimos usuarios de armas, sancionada en 1975, con el nuevo Código Civil y Comercial, el cual establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
Como otros líderes de ultraderecha, Milei se había manifestado a favor de la libre portación de armas de fuego durante la campaña y hasta sugirió que debía autorizarse su venta en supermercados, como ocurre en Estados Unidos.
Las críticas que recibió entonces, sumadas al rechazo de esa propuesta en las encuestas, llevaron a Milei a modificar el discurso y aclarar que como presidente sólo se preocuparía por desburocratizar los trámites para registrar armas de fuego.
El decreto se publicó justo al cumplirse un año de asumir el poder y en consonancia con los crecientes reclamos por la inseguridad, en especial en los grandes centros urbanos del país sudamericano.
Según datos del Ministerio de Seguridad, en 2023 se reportaron 4.815 robos con lesiones y/o muertes, de los cuales más de la mitad se produjeron en la provincia de Buenos Aires.
En lo que respecta a tentativas de robo, el año pasado se produjo una cifra récord de 32.503 casos en todo el país.
“No es una modificación necesaria, entra en el orden de la provocación”, expresó la exministra de Seguridad del último gobierno de centroizquierda Sabina Frederic, en declaraciones radiales. “Amplías el universo de personas que pueden tener armas de fuego de manera legal. Lo que debería ocurrir es que cada vez menos gente tenga armamento”.
La exfuncionaria también alertó sobre “una combinación explosiva” del decreto con un proyecto de ley que propone un blanqueo de armas de fuego adquiridas ilegalmente y que le permite al poseedor disponer de ese armamento durante un año sin trámite legal.
Según datos de expertos, se calcula que hay cuatro millones de armas en el circuito ilegal en el país, que tiene 45 millones de habitantes.
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