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El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el jueves el lanzamiento de una alianza regional de seguridad contra la delincuencia que reúne a 18 gobiernos de América Latina y el Caribe, así como a varias instituciones financieras internacionales.
«La seguridad debe ser parte de la solución para nuestro progreso económico», dijo a la prensa Ilan Goldfajn, presidente del BID, antes del lanzamiento del proyecto en Barbados.
«La delincuencia organizada no tiene fronteras nacionales», afirmó. «Estamos intentando organizarnos en una iniciativa regional».
Según un reciente estudio del BID, el crimen cuesta en promedio el 3,4 % del PIB en toda la región, lo que equivale a casi el 80 % de los presupuestos públicos de educación, el doble de la asistencia social y 12 veces el gasto en investigación y desarrollo.
El BID aportará 1.000 millones de dólares en financiamiento para proyectos alineados con la iniciativa el próximo año, añadió Goldfajn, y tiene previsto movilizar a donantes públicos y privados para recaudar más fondos.
El banco dijo que los proyectos incluyen el intercambio regional de antecedentes penales entre los miembros de la alianza y reuniones para discutir sobre el lavado de dinero vinculado a la minería ilegal en la Amazonía.
Goldfajn dijo que el plan tiene un fuerte enfoque social, buscando reducir las vulnerabilidades de las comunidades, así como fortalecer la policía, las instituciones estatales de justicia y golpear el crimen financiero.
La alianza tiene notables excepciones regionales, como Estados Unidos, que, según Goldfajn, no participará. El presidente del organismo dijo que el BID estaba en conversaciones con México y Colombia, otras dos excepciones, que podrían unirse más adelante.
La alianza también incluye a la Organización de Estados Americanos, la Comunidad del Caribe, INTERPOL, el Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo.
El año pasado, dirigentes de la CARICOM dijeron que el crimen es un problema de salud pública y prometieron una serie de medidas, como órdenes de detención regionales, prohibición de las armas de asalto y el apoyo a una demanda mexicana que pretende responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses del tráfico ilegal a grupos delictivos fuera de sus fronteras.
El caso ha llegado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Alrededor del 51 % de las armas de fuego rastreadas en Centroamérica proceden de Estados Unidos, según datos del gobierno estadounidense, así como el 68 % en México y el 80 % en todo el Caribe.
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