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En medio de un clima cuanto menos hostil para con los inmigrantes en los Estados Unidos, un proyecto de ley presentado por un senador republicano en Misuri ha desatado la polémica por ofrecer 1.000 dólares a los ciudadanos que delaten a inmigrantes en situación irregular.
Por Clarín
Según la propuesta de ley de David Gregory, un senador conservador de San Luis, si «un extranjero ilegal» entra «a sabiendas» en Misuri y es detenido por «un cazarrecompensas con licencia» o un agente cuando se encuentra en este estado del centroeste podría ser declarado culpable de allanamiento de propiedad.
La persona arrestada se expondría a una pena de cárcel. Además, permitiría al Departamento de Seguridad Pública desarrollar «un sistema de información para que las personas denuncien» cuando se viole la ley de allanamiento de morada.
El texto conocido como SB72 añade: «Esto incluiría una línea telefónica gratuita, un correo electrónico y un portal de denuncia en línea».
«Cualquier persona que haga una denuncia en la que se detenga a un extranjero ilegal recibirá una recompensa de 1.000 dólares», detalla el proyecto de ley.
Este se debatirá en el nuevo ciclo de sesiones que arranca en enero: «De ser aprobado, facultaría al Departamento de Seguridad Pública a potenciar un programa de cazadores de recompensas certificados para extranjeros ilegales de Misuri».
El objetivo es «encontrar y detener a extranjeros ilegales en este estado (por MIsuri)» pero solo pueden participar en el programa aquellas personas «con licencia» de agente de fianzas o de garantías.
El proyecto de ley ha generado controversia. Algunos lo acusan de llevar al extremo la retórica antiinmigrante del presidente electo Donald Trump, quien amenaza con la mayor operación de deportación de migrantes en situación irregular de la historia de Estados Unidos.
«El proyecto de ley facultará por fin a nuestra policía y a nuestras comunidades a protegerse», afirmó el senador estatal en un video en las redes sociales: «Si usted envía una denuncia anónima que conduzca a la detención de un inmigrante ilegal, será recompensado con 1.000 dólares».
Otros estados también tienen sus propias leyes antiinmigración. Texas, por caso, aprobó una ley que permite detener e incluso expulsar a migrantes que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México, pero la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente su entrada en vigor.
Otro estado que persigue migrantes es Arizona, que hace más de una década dio el visto bueno a una ley que criminaliza a los migrantes, pero la justicia suspendió sus disposiciones más polémicas. Sus detractores la conocen como la Ley del odio y estiman que fomenta la discriminación por perfil racial.
En tanto, el flamante presidente electo, Trump, se propone invocar la Ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero.
Trump califica de «invasión» la entrada de migrantes sin visa en territorio estadounidense y los acusa de envenenar «la sangre» e «infectar» Estados Unidos. Los defensores de los migrantes resaltan su contribución a la economía y la riqueza cultural del país.
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