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El gobierno de Perú destituyó el lunes al policía que lideró el grupo de élite que allanó la casa de la presidenta Dina Boluarte en marzo, en medio de una indagación de la Fiscalía a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito. Junto a él, también fue destituido uno de sus colaboradores más cercanos.
Harvey Colchado, coronel de 50 años de edad, fue jefe de un grupo policial que trabajó con fiscales especiales en investigaciones contra altas autoridades y políticos poderosos del país sindicados de corrupción: la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), unidad de élite de la policía peruana. Tras la decisión del gobierno, tendrá que dejar su cargo.
Junto a Colchado, también fue destituido Walter Lozano, parte de su equipo de confianza. En Perú el ascenso o destitución de los policías es potestad del mando policial, con la aprobación final del ministro del Interior.
Para retirar a los dos policías de la institución, el Ejecutivo alegó renovación de cuadros de la entidad a partir del 1 de enero del 2025 y dijo que no existe “la posibilidad de asignársele (a Colchado) cargo específico en razón de su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional, en el cuadro de organización y cuadro de personal de la Policía Nacional”.
“Sabíamos a lo que nos enfrentamos y que nos costaría la carrera. Los buenos policías con valores y principios no agachamos la cabeza ante nadie, menos ante un poder político corrupto”, expresó Colchado en un mensaje que dirigió a sus compañeros de armas.
En marzo, Colchado allanó la casa de la presidenta —quien no estaba en el sitio— y tuvo que romper su puerta con un ariete porque no les permitieron entrar a la vivienda. El allanamiento se hizo dentro de la investigación de un caso por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado, por sospechas sobre el origen de los relojes de lujo de marca Rolex de Boluarte y por no haberlos declarado como parte de sus bienes.
Además, Colchado también colaboraba con una investigación dirigida al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, sobre los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por considerar que Nicanor Boluarte influenció en la contratación de decenas de funcionarios a nivel nacional que son el nexo entre los principales programas sociales de ayuda a pobres en zonas remotas y el gobierno central.
Además, la fiscalía ha precisado que los funcionarios nombrados por Nicanor Boluarte tenían como tarea adicional la función de juntar fichas de afiliación política para formalizar la creación de un partido político.
Desde su participación en ese caso, Colchado empezó a enfrentar mayores dificultades. En abril, fue suspendido temporalmente de la Diviac —posteriormente desaparecido en mayo por el gobierno tras casi dos años de existencia— por difundir en sus estados de la aplicación de mensajes Whatsapp una foto de su pastel de cumpleaños con una imagen de un policía rompiendo con ariete una puerta, que fue considerada una posible falta grave por dañar a la institución.
En noviembre se hizo público que Colchado había pedido medidas cautelares a la CIDH para proteger a policías acosados por el Ejecutivo en su petición, incluyó la amenaza de ser dados de baja por participar en las investigaciones de la “alta corrupción en el poder” y el allanamiento de la casa de Boluarte.
Entre su recorrido como policía, consta su participación en casos emblemáticos como Chavín de Huántar (1997), en que fuerzas del orden rescataron a civiles rehenes del grupo subversivo MRTA en la residencia del embajador del Japón en Lima en 1997; la captura de Florindo Flores, alias Artemio, veterano líder de un grupo remanente de la organización terrorista Sendero Luminoso, entre otros.
En su comunicado, Colchado, recordó su paso por las direcciones policiales antiterrorismo y antidrogas del Perú, tras haber egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía en 1997.
“Sabíamos que esta guerra contra el cáncer corruptivo en el poder traería represalias y hoy se han materializado. (…) Que todos sepan que hay Policías que no se venden, que no se arrodillan, mucho menos a intereses ilícitos”, concluyó.
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