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Estados Unidos y Venezuela tienen una historia reciente llena de problemas, marcada por la ruptura de relaciones diplomáticas, sanciones y acusaciones de actividad criminal y conspiración golpista.
El presidente estadounidense Donald Trump, quien durante su primer mandato usó una política de sanciones de «máxima presión» contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, se refirió a Maduro como un dictador durante la campaña estadounidense de 2024.
El gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden en abril dejó sin efecto una licencia que permitía la libre exportación de petróleo venezolano después de que dijo que Maduro no cumplió sus promesas de permitir una elección presidencial libre.
También impuso sanciones específicas a docenas de funcionarios y aumentó las recompensas por la captura o condena de líderes oficialistas, incluido Maduro, después de la controvertida elección en julio y la toma de posesión el 10 de enero de Maduro para un tercer mandato, lo que dejó a Trump con opciones limitadas para nuevas sanciones.
El Gobierno de Maduro siempre ha rechazado las sanciones de Estados Unidos y otros, diciendo que son medidas ilegítimas que equivalen a una «guerra económica» diseñada para paralizar a Venezuela.
Entre los principales funcionarios de Trump que se espera que tengan influencia sobre cómo la administración maneja a Maduro se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, un crítico del «chavismo» desde hace mucho tiempo, y Richard Grenell, un exjefe de inteligencia que es el enviado de Trump para misiones especiales.
Grenell ha dicho que está hablando con funcionarios venezolanos y planea reunirse con la oposición, cuyo líder Edmundo González es reconocido por Washington y el Parlamento Europeo como el ganador de las elecciones de Venezuela.
Licencia pivote
La administración de Trump está revisando una licencia que ha permitido a la petrolera estadounidense Chevron expandir las operaciones petroleras en Venezuela para recuperar deuda pendiente en el país, dijeron fuentes.
La licencia de Chevron podría ser modificada o cancelada, lo que podría poner fin a una fuente de ingresos constante para la administración de Maduro desde principios de 2023. El dinero ha impulsado la economía de Venezuela, especialmente sus sectores petrolero, bancario e industrial.
Rubio dijo al Senado que la licencia de Chevron necesitaba ser «reexplorada», mientras que Trump ha hecho repetidos comentarios sobre que Estados Unidos no necesita importaciones de petróleo venezolano.
Algunas empresas europeas que recibieron autorizaciones estadounidenses similares, entre ellas la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, también podrían ver modificadas o canceladas sus licencias, lo que les dejaría menos margen para negociar cargamentos petroleros con la estatal PDVSA.
Transición política
Washington ha dicho durante mucho tiempo que apoya las elecciones democráticas -verificadas por observadores- en Venezuela, y la administración Biden rechazó los resultados oficiales de la votación de julio de 2024, reconociendo al opositor González como presidente electo.
Desde entonces, líderes de la oposición venezolana han estado empujando para que los funcionarios estadounidenses aumenten la presión sobre Maduro para que haya una transición política.
La líder de la oposición María Corina Machado y González hablaron con Rubio la semana pasada, y Rubio llamó a González «el presidente legítimo de Venezuela».
Maduro, a quien tanto la autoridad electoral y el máximo tribunal de Venezuela le dieron la victoria en las elecciones, se ha burlado de la preocupación de Estados Unidos y otros países.
No es la primera vez que Estados Unidos ha dudado de la legitimidad de una reelección de Maduro.
Reuters informó en 2020 que Grenell se reunió en secreto, sin ningún resultado, con un representante de Maduro para negociar la salida del líder venezolano del poder después de su reelección de 2018, considerada una farsa por la mayoría de los países occidentales.
Inmigración y pandillas
Trump ha iniciado una amplia ofensiva contra la inmigración, prometiendo deportaciones masivas de inmigrantes irregulares. Se espera que entre los deportados haya venezolanos, que han abandonado su país por millones, aunque no está claro a dónde podrían ser enviados si Venezuela no los acepta.
Los funcionarios venezolanos han planteado durante mucho tiempo la posibilidad de que rechacen los vuelos de migrantes debido a las sanciones.
Unos 600.000 venezolanos en Estados Unidos eran elegibles para las suspensiones de deportación otorgadas por la administración Biden.
Trump dijo el día antes de su toma de posesión que expulsaría de Estados Unidos a los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El fiscal general venezolano, Tarek Saab, dijo la semana pasada que su país destruyó definitivamente la pandilla en 2023, y agregó que su oficina está dispuesta a reanudar la cooperación legal con Estados Unidos para extraditar a los miembros venezolanos de la pandilla.
Detenidos
No está claro exactamente cuántos estadounidenses o ciudadanos con doble nacionalidad están detenidos por Venezuela, pero los funcionarios venezolanos han hablado públicamente de al menos nueve estadounidenses y 150 «mercenarios» de 25 nacionalidades, pero no ha dado detalles.
Venezuela ha acusado regularmente a miembros de la oposición y detenidos extranjeros de conspirar con entidades estadounidenses como la Agencia Central de Inteligencia para planificar ataques terroristas. Los funcionarios estadounidenses siempre lo han negado.
A fines de 2023, el Gobierno de Venezuela liberó a docenas de prisioneros, incluidos 10 estadounidenses, después de meses de negociaciones, mientras que Estados Unidos liberó a un aliado cercano de Maduro.
Citgo
Se prevé reorganizar una subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum para pagar unos 21.000 millones de dólares en reclamaciones por impagos de deuda y expropiaciones de Venezuela y PDVSA, después de que un proceso de venta que duró un año fracasó.
Un tribunal federal de Estados Unidos en Delaware está subastando las acciones de PDV Holding, una subsidiaria estadounidense de PDVSA y el único accionista indirecto de Citgo.
El Gobierno venezolano ha caracterizado la subasta como un robo de activos nacionales, mientras que la oposición venezolana quiere que la disputa se resuelva según la ley de su país. El acuerdo de venta final debe ser aprobado por el Tesoro de Estados Unidos.
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