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LA HABANA– El 94% de las 200 personas excarceladas hasta ahora por el régimen cubano, de las 553 incluidas en su acuerdo con el Vaticano, anunciado el pasado 14 de enero, «tenían derecho a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata ya desde hace más de un año», indicó la ONG Prisoners Defenders en un informe detallado.
De los 200 presos políticos que salieron de las instituciones penitenciarias, 31 ya habían cumplido sus condenas, pero seguían detenidos; dos estaban a menos de cuatro meses de finalizar su sentencia, 57 tenían entre seis y 18 meses pendientes, y 67 enfrentaban periodos de entre 18 y 42 meses más en prisión, precisó la organización.
Según el informe, el 98% de los excarcelados fueron detenidos y condenados por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Cumplían penas de entre tres y 15 años, a pesar de que 31 de ellos ya deberían haber estado en libertad. Prisoners Defenders calificó las medidas del régimen como un «juego macabro» ante los negociadores del Vaticano.
«Libertad condicional»
La organización denunció que, mientras avanzaban las negociaciones, el régimen cubano negó beneficios penitenciarios a los detenidos, para luego presentar su excarcelación como un gesto humanitario. «La mayoría de los liberados ya debían haber salido hace meses o más de un año», advirtió la ONG.
Prisoners Defenders señaló que los negociadores del Vaticano no contaron o no quisieron contar con juristas cubanos independientes que evidenciaran la situación legal de los presos políticos y los beneficios que ya les correspondían. «Como siempre, los estados, incluido el Vaticano, siguen confiando en el régimen cubano como si fuera un gobierno», agregó.
La ONG también subrayó que los excarcelados seguirán cumpliendo sus condenas bajo libertad condicional o licencia extrapenal, con estrictas restricciones y amenazas de reingreso a prisión. No podrán salir de su ciudad, en muchos casos deberán realizar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado y tendrán prohibido expresarse en redes sociales, dar declaraciones a la prensa o comunicarse con organizaciones de derechos humanos.
Además, se les impide realizar cualquier actividad en defensa de los derechos humanos o en apoyo a otros presos políticos, ya que estas acciones son consideradas «contrarrevolucionarias» en Cuba. También se les prohíbe viajar al extranjero o gestionar trámites consulares, e incluso se ha vetado el acceso a la nacionalidad española en algunos casos.
«Régimen carcelario»
Los excarcelados deberán comparecer regularmente ante jueces de ejecución y estarán sujetos a escuchas telefónicas, registros, citaciones policiales y detenciones arbitrarias. «Lo ocurrido no es una excarcelación en términos reales, sino un régimen carcelario domiciliario de facto, que la comunidad internacional debe condenar enérgicamente», advirtió Prisoners Defenders.
La ONG afirmó que estas condiciones «son una burla a la negociación con el Vaticano y una muestra de la falta de culpabilidad y reparación por parte del régimen cubano, tras haber encarcelado y torturado a más de 1.801 presos políticos en apenas tres años y medio».
Ante este panorama, numerosos excarcelados han solicitado asesoría para abandonar Cuba en cuanto sea posible, prefiriendo el exilio forzado antes que continuar bajo persecución y restricciones.
FUENTE: Con información de Diario de Cuba
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