«Me veo obligada a dirigirme a usted, como ministro de Justicia para solicitarle justicia para mis hijos y para mi familia. Más allá de solicitar justicia, quiero señalar el claro abuso y la arbitrariedad con que se ha actuado en este caso, basado en un grave error: ‘Errar es humano, rectificar es de sabios’. Su equipo legal ha asumido erróneamente que la vivienda pertenece a C.A. Editora El Nacional sin verificar los registros ni realizar una mínima investigación sobre su verdadera titularidad. El hecho de que Miguel Henrique Otero haya residido en la casa durante tres años no implica que sea de su propiedad ni que tenga acciones sobre ella», argumentó Jurado.
También enfatizó en la misiva que «intentar despojar a dos jóvenes venezolanos de su hogar, solo por ser mis hijos, constituye una arbitrariedad sin fundamento legal ni lógico». #VanPorLosHijos es el hashtag que se ha usado en relación a este tema.
Vivienda confiscada
En la carta a Diosdado Cabello, Antonieta Jurado de Otero también señaló que antes de ejecutarse el atropello, debió verificarse la titularidad de la propiedad.
«Esto puede confirmarse fácilmente en los registros de propiedad inmobiliaria, donde consta el historial de la vivienda. En dichos documentos, firmados y registrados años antes de mi matrimonio con Miguel Henrique Otero, donde se evidencia que el inmueble me pertenecía y que lo cedí a mis hijos mucho antes de casarme con él. El mayor, en documento privado, se comprometió a ceder la mitad a su hermano menor al alcanzar la mayoría de edad», indicó.
El embargo se realizó el pasado 7 de enero en la vivienda ubicada en la urbanización Los Chorros.
«Lo único que pedimos es que los funcionarios que custodian el inmueble permitan el acceso a mi hermano, quien vive allí y, con 70 años, sufre un enfisema pulmonar. Que no se cometan más irregularidades y que velen por la seguridad del inmueble y nuestras pertenencias familiares. Es de conocimiento público la disputa legal entre usted y C.A. Editora El Nacional. No obstante, resulta inaceptable que esta situación derive en medidas que afectan a inocentes, en este caso, mis hijos y mi hermano, quienes no tienen vínculo con el conflicto. Embargar un bien ajeno a los demandados no solo es un acto de injusticia, sino que también sienta un peligroso precedente para los derechos de propiedad en Venezuela», enfatizó.
Carta completa
Ciudadano
Diosdado Cabello
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Asunto: Solicitud de revisión por embargo indebido de inmueble
Ministro Cabello,
Me dirijo a usted en su calidad de demandante de C.A. Editora El Nacional, pues entiendo que, debido a sus múltiples responsabilidades, quizás no esté al tanto de la grave equivocación cometida por su equipo legal, encabezado por el abogado Alejandro Castillo Soto, en la demanda contra dicha empresa. Pero también me veo obligada a dirigirme a usted, como ministro de Justicia para solicitarle justicia para mis hijos y para mi familia.
Más allá de solicitar justicia, quiero señalar el claro abuso y la arbitrariedad con que se ha actuado en este caso, basado en un grave error: “Errar es humano, rectificar es de sabios”.
El inmueble que su equipo legal pretende adjudicar a usted jamás ha pertenecido a C.A. Editora El Nacional ni a Miguel Henrique Otero, director del medio de comunicación. Se trata de una propiedad privada de mis hijos, los que no tienen ningún vínculo accionarial ni patrimonial con el periódico.
Su equipo legal ha asumido erróneamente que la vivienda pertenece a C.A. Editora El Nacional sin verificar los registros ni realizar una mínima investigación sobre su verdadera titularidad. El hecho de que Miguel Henrique Otero haya residido en la casa durante tres años no implica que sea de su propiedad ni que tenga acciones sobre ella.
Intentar despojar a dos jóvenes venezolanos de su hogar, solo por ser mis hijos, constituye una arbitrariedad sin fundamento legal ni lógico.
Antes de ejecutar este atropello, su equipo debió verificar que la vivienda pertenece a mis hijos y que nunca fue propiedad de Miguel Henrique Otero. Esto puede confirmarse fácilmente en los registros de propiedad inmobiliaria, donde consta el historial de la vivienda. En dichos documentos, firmados y registrados años antes de mi matrimonio con Miguel Henrique Otero, donde se evidencia que el inmueble me pertenecía y que lo cedí a mis hijos mucho antes de casarme con él. El mayor, en documento privado, se comprometió a ceder la mitad a su hermano menor al alcanzar la mayoría de edad.
Huérfanos de justicia
Le participo que para enfrentar este embargo irregular, todo nuestro recorrido ha sido en vano. Hemos actuado conforme a la ley y la Constitución de la República. Hemos presentado recursos ante los tribunales, acudido a la Fiscalía y agotado todas las vías legales disponibles. Sin embargo, ninguno de nuestros recursos ha sido atendido ni hemos recibido respuesta alguna. Ni siquiera el Ministerio Público, que debe servir a todos los venezolanos, aceptó nuestros documentos en las oficinas de atención a las víctimas y al adulto mayor.
Nos sentimos desprotegidos, huérfanos de instituciones y de justicia, que parece estar al servicio de intereses políticos en lugar de los ciudadanos.
Ante estas arbitrariedades, me pregunto: ¿Por qué descargar represalias sobre personas inocentes, cuyo único «delito» es ser hijos de la esposa de Miguel Henrique Otero? Es injusto que diferencias y disputas políticas terminen afectando a quienes nada tienen que ver con ellas: los hijos, los nietos, los seres queridos e inocentes de toda culpa.
Con sinceridad, le aseguro que, si en el futuro usted se encontrara en una situación similar, yo sería la primera en separar las responsabilidades políticas de las personales. Jamás atribuiría a Daniela Cabello ni a su familia una culpa que no les corresponde.
Perjudicar a personas ajenas a cualquier conflicto político solo por su parentesco es una injusticia sin precedentes en nuestro país.
¿Cómo es posible que su equipo legal pretenda entregarle a usted una vivienda que no guarda relación alguna con su demanda ni con sus diferencias ideológicas con mi esposo? Lo único que pedimos es que los funcionarios que custodian el inmueble permitan el acceso a mi hermano, quien vive allí y, con 70 años, sufre un enfisema pulmonar. Que no se cometan más irregularidades y que velen por la seguridad del inmueble y nuestras pertenencias familiares.
Es de conocimiento público la disputa legal entre usted y C.A. Editora El Nacional. No obstante, resulta inaceptable que esta situación derive en medidas que afectan a inocentes, en este caso, mis hijos y mi hermano, quienes no tienen vínculo con el conflicto. Embargar un bien ajeno a los demandados no solo es un acto de injusticia, sino que también sienta un peligroso precedente para los derechos de propiedad en Venezuela.
Dada la arbitrariedad de esta acción, solicito respetuosamente su intervención para que este asunto sea revisado de manera justa y conforme a derecho. Asimismo, insto a que se restituya la situación legal y material de mi hermano, permitiéndole regresar al inmueble del cual fue desalojado injustamente. Estoy segura de que su abogado, el ciudadano Alejandro Castillo Soto, podrá corroborar los hechos aquí expuestos y esclarecer este grave error.
Quedo a su disposición para proporcionar cualquier documentación adicional y colaborar en lo necesario para resolver este caso de manera equitativa.
Agradezco de antemano su atención y espero una pronta respuesta.
Atentamente,
Antonieta Jurado de Otero
FUENTE: Con información de Antonieta Jurado
