La Habana. – Cuenta Donaida Pérez Paseiro, una de las presas políticas excarceladas el pasado mes de enero por la dictadura verde olivo, que ella esperaba cumplir su sanción el 13 de julio de 2029. Opositora anticastrista y sacerdotisa de la religión yoruba, Donaida señaló que su excarcelación “fue algo sorpresivo. Estaba preparada para cumplir la sanción completa. El día que me liberaron me llevaron a una oficina del penal y allí varios agentes de la policía política y la fiscal, nombrada Lisandra, del tribunal provincial de Villa Clara, expuso que me iban a dar la libertad condicional, pero que no podía salir del pueblo, no podía usar las redes sociales, no podía hacer oposición y otra cantidad de restricciones, que yo no acepté. Una excarcelación bajo imposiciones”.
Ese modus operandi intentó ser aplicado a curtidos líderes disidentes como José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Ninguno aceptó las restricciones. A muchos jóvenes condenados el 11 de julio de 2021 por reclamar libertad en protestas callejeras contra la dictadura, las presiones de la Seguridad del Estado y la Fiscalía fueron aún mayores.
“Recuerda que el 90 por ciento de los sancionados el 11J no eran disidentes. Eran personas sin demasiada preparación política, pero como la mayoría del pueblo cubano, se quejaban de la pésima gestión del gobierno de los servicios básicos. Ese descontento ciudadano fue escalando de manera progresiva. Entonces los requerimientos comenzaron a ser de corte político. Los que participaron en las protestas no pertenecían a grupos opositores ni tenían contactos con ellos. Ese fue mi argumento para defender a manifestantes a quienes los acusaban de sedición y de relacionarse con connotados contrarrevolucionarios”, indica un abogado que optó por el anonimato.
La coacción
Bajo coacción, la Seguridad del Estado intentó impedir que sus familiares contactaran con periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Querían coartar sus voces. “El 11 de julio marcó un antes y un después”, me dijo una tarde calurosa de 2022, Bárbara Farrat, madre de un menor de edad sancionado, y posteriormente liberado, tras las fuertes protestas ocurridas en la Esquina de Toyo, municipio Diez de Octubre. “Yo vendía maní y mi marido arreglaba cocinas. Claro que estaba descontenta con el gobierno y me llegaban informaciones por las redes sociales. Veía las directas de Luis Manuel Otero y conocía de sus protestas. Pero fue a raíz de la detención de mi hijo que comencé a condenar la dictadura”, contaba Farrat.
La estrategia de la Seguridad del Estado fue dividir y contener de cualquier forma el descontento en esa incipiente revolución ciudadana que criticaba en duros términos al régimen. Según datos conservadores, más de 80.000 personas participaron en las manifestaciones ocurridas en más de 60 localidades de toda la isla el 11 y 12 de julio de 2021.
Conejillos de India
“La táctica, porque era imposible sancionarlos a todos, fue utilizar de conejillos a una parte de los que salieron a protestar, poco más de mil, y aplicarles sanciones ejemplarizantes con el objetivo de intimidar al resto de la población. A sus familiares, sobre todo aquellos que eran afiliados al partido o aparentaban apoyar el proceso, se les advertía que, si contactaban con gente de los derechos humanos, criticaban al gobierno en las redes sociales o daban declaraciones a la prensa extranjera o independiente, perjudicarían a su pariente preso”, señala el abogado habanero.
La hermana de un preso por las protestas del 11J que se encuentra realizando gestiones para salir del país, recuerda que “constantemente un oficial de la Seguridad del Estado prometía que si ‘nos portábamos bien’ beneficiaríamos a mi hermano. Él salió antes del año, porque una parte de mi familia está integrada a la revolución. Ya en la calle, una vez al mes debía presentarse en la unidad de policía y firmar un libro de incidencias. La propia Seguridad le buscó un trabajo en una MIPYME, pero mi hermano no aceptó”.
La mordaza
A Osiris José Puerto Terry, 50 años, baleado por un oficial de la policía durante las protestas del 11J, durante un tiempo intentaron intimidarlo para que no denunciara su caso a la prensa sin mordaza. Para el abogado defensor “con los sancionados por las protestas del 11 de julio, descaradamente se violó la actual Constitución, que refrenda las protestas pacíficas. Nunca debieron estar presos. Excepto algunos pocos casos de vandalismo y robos en propiedades del Estado, en un país normal, casi ninguno hubiera ido a la cárcel”
El jurista coincide con los argumentos de Prisoners Defenders, organización que radica Madrid y dirige Javier Larrondo, de origen español. En su opinión, «la excarcelación a los presos políticos participantes en las manifestaciones del 11 de julio es una monumental aberración jurídica, porque, reitero, ninguno debió ir a prisión. Esa es la primera violación constitucional. Luego hay un grupo de violaciones a las normas penales de Cuba. Como la mayoría son presos primarios, tienen derecho a ser excarcelados por libertad condicional al tercio de su sanción. Todos los que han soltado no solo habían cumplido ese tercio, también más de la mitad. Y algunos, como Ferrer, había extinguido su sanción”.
Prisoners Defenders denuncia que las excarcelaciones “han sido un juego macabro del régimen ante sus negociadores del Vaticano. El 94% de las 200 personas hasta el momento excarceladas por el gobierno cubano, de las 553 que figuran en el acuerdo, tenían derecho a un régimen abierto, de libertad condicional o libertad inmediata ya hacía más de un año”. De los 200 que salieron de las duras cárceles de la Cuba profunda, 31 de ellos ya habían cumplido sus condenas, pero seguían presos, dos de ellos terminarían de cumplir su condena en cuatro meses o menos, a 57 les quedaba entre seis y dieciocho meses y a 67 les quedaba entre 18 y 42 meses de condena, indicó la organización.
Falso perdón
Para Prisoners Defenders, las falsas medidas del supuesto ‘perdón presidencial’ han sido un fraude de la dictadura castrista ante sus negociadores del Vaticano y la Casa Blanca. Y considera que los “negociadores del Vaticano no contaron o no quisieron contar, con juristas cubanos independientes que hubieran sacado esos detalles a relucir. Los Estados, y el Vaticano lo es, siguen confiando en el régimen como si este fuera un gobierno”.
Tanto la administración de Biden como la Santa Sede pudieron ponerse en contacto con agrupaciones de juristas cubanos en el exilio como Justicia 11J y Cubalex, dirigida por la abogada disidente Laritza Diversent, para conformar esa lista de excarcelaciones. Experimentada jurista, Diversent probablemente tenga los archivos más completos sobre denuncias y violaciones de derechos humanos de la dictadura castrista.
En un foro realizado por Diario de Cuba en de octubre de 2024, Laritza indicaba que el “régimen perfecciona sus tácticas sobre el uso del derecho penal como herramienta para reprimir a la sociedad civil. Pongamos un ejemplo, las manifestaciones del 11 de julio. Fueron una protesta, pero ¿cómo la interpretó el tribunal? Como un acto sedicioso y no tiene nada que ver”.
Tomadura de pelo
Incluso familiares de los presos del 11J han sido amenazados por la policía política de ser sancionados. El pasado 30 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 9/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Wilber Aguilar Bravo y su familia, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Según un comunicado de la CIDH, el beneficiario viene realizando protestas y denuncias de violaciones de derechos humanos practicadas en contra de presos políticos en Cuba a partir de la detención de su hijo, Walnier Aguilar Rivera, quien padece una discapacidad y también es beneficiario de medidas cautelares.
Las excarcelaciones de 553 presos fue una auténtica tomadura de pelo de la dictadura cubana al Vaticano y a Joe Biden. A cambio de concesiones políticas, negoció la libertad de personas que jamás debieron ir a prisión.
