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Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, profesora y experta en seguridad de nacionalidad hispano venezolana, cumplió este domingo un año de su arresto en una cárcel de los servicios de inteligencia en Caracas, acusada de terrorismo, en las vísperas del inicio de su juicio y a la espera de la operación urgente de una fractura en su hombro derecho.
El caso de San Miguel fue inicialmente reportado el 9 de febrero de 2024 como una desaparición forzada por familiares y organizaciones de derechos humanos tras ser retenida junto a su hija Miranda por autoridades en el área de migración del aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, a las afueras de Caracas.
Miranda, de 25 años, fue liberada días después, mientras se desconocía el paradero de su madre, de 58, considerada una de las voces más activas este siglo de la sociedad civil sobre asuntos de seguridad nacional y derechos humanos en Venezuela.
Más de tres días después, se confirmó su reclusión en la cárcel de El Helicoide, de los servicios de inteligencia nacional (SEBIN). El gobierno de Nicolás Maduro acusó a la también abogada de presuntamente formar parte de un complot destinado al asesinato del mandatario venezolano, identificado por las autoridades como “Brazalete Blanco”.
Cinco familiares también sufrieron desapariciones forzadas hace un año, según defensores de derechos humanos y sus abogados.
Además de a su hija, las autoridades detuvieron sin notificación pública a sus hermanos Miguel y Alberto; al padre de Miranda, Víctor Díaz; y a su exesposo Alejandro González, el único que sigue detenido, en un anexo de máxima seguridad de la cárcel El Rodeo I.
Juicio y operación
La primera audiencia de su caso en el juzgado tercero para delitos de terrorismo, en Caracas, está prevista para la este martes 11 dee febrero, si bien el proceso ha sufrido múltiples retrasos e “irregularidades”, comentó a la Voz de América su abogado de confianza, Juan González Taguaruco.
San Miguel no ha podido contar con un defensor privado, como pidió ella misma y como exigen sus familiares, sino que se le ha asignado un abogado público. Se le acusa de presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y del homicidio tentado contra Maduro y el gobernador tachirense Freddy Bernal.
La activista de derechos humanos sufre problemas graves de salud, según su defensor: cuatro meses después de que se quejara de un constante dolor en su hombro derecho se le diagnosticó una fractura.
Algunos medios y cuentas de redes sociales vinculados con el oficialismo venezolano publicaron fotografías de su revisión médica, la primera evidencia gráfica de San Miguel desde su arresto el año pasado. De aquella noticia ha pasado ya medio año.
“Sigue recibiendo analgésicos y no ha recibido medicina especializada”, dijo su abogado a la VOA, dudando que pueda ser operada de su hombro derecho y contar con los debidos cuidados postoperatorios y tratamientos de recuperación dentro de la cárcel.
“Debe ser excarcelada, así sea por medidas humanitarias”, indicó.
Piden su liberación
La Plataforma Unitaria Democrática, un bloque de partidos y movimientos políticos, sindicales y de la sociedad civil que adversa al gobierno de Maduro, pidió el domingo su liberación por “medida humanitaria”, así como la excarcelación de todos los presos políticos de Venezuela, que son más de 1.100, según oenegés.
Organizaciones de DDHH, como Provea, y voces disidentes del gobierno venezolano han demandado una “medida humanitaria” a favor de San Miguel, resaltando su derecho a que médicos de su confianza traten su fractura.
“Rocío no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física”, publicó Provea el fin de semana en X, considerándola como “víctima” de un caso “sin debido proceso”.
Provea, que pidió a España interceder para garantizar su integridad, también valoró que las acusaciones en contra de San Miguel responden a su trabajo como líder de la organización civil Control Ciudadano, donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y asuntos militares.
Amnistía Internacional también recordó el aniversario de la detención de San Miguel, considerándola “arbitraria” y atribuyéndola a su labor como defensa de derechos humanos.
“Su salud debe ser adecuadamente atendida. Debe ser liberada inmediata e incondicionalmente”, publicó la organización.
Algunos políticos críticos del chavismo han recordado el caso de San Miguel publicando mensajes breves en X. “Un año presa, sin defensa, sin atención médica, en violación de todos sus derechos. No la olvidamos y no la olvidaremos”, escribió el excandidato presidencial a las primarias de la oposición Andrés Caleca.
El fiscal general Tarek William Saab, también exdiputado y exgobernador del partido de gobierno, acusó en febrero del año pasado a Rocío San Miguel de ser una presunta “espía” para Estados Unidos y de usar Control Ciudadano como “fachada” para esas labores y para supuestas “acciones terroristas”.
“Es absolutamente incompatible ser un defensor de derechos humanos y al mismo tomar parte de un plan para atacar cuarteles y secuestrar autoridades”, dijo entonces a la prensa.
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