Rafael José Quero Silva, un coronel venezolano acusado de haber reprimido y detenido a manifestantes opositores contra el gobierno de Nicolás Maduro hace 11 años, fue detenido en Florida, Estados Unidos, según registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras norteamericano (ICE en inglés).
Quero Silva comandó desde enero de 2013 el Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en la región de Lara, a 300 kilómetros de distancia de Caracas, durante las protestas contra Maduro de aquel año y en 2014. Está acusado de liderar allanamientos a residencias en busca de disidentes.
Defensores de derechos humanos describieron al exjefe militar como “un personaje muy duro”, potencialmente responsable de presuntos crímenes de lesa humanidad, y demandaron su enjuiciamiento en Estados Unidos, descartando su deportación a Venezuela.
La Voz de América constató este lunes que Quero Silva se encuentra “en custodia de ICE”, según confirma el sistema de localización de detenidos en línea de la institución encargada de los servicios migratorios de Estados Unidos, ICE.
La notificación oficial precisa además su nacionalidad venezolana y que está detenido en el centro de procesamiento de detenidos de Krome North, en Miami. El arresto fue informado inicialmente el fin de semana por el diario estadounidense El Nuevo Herald.
Krome North es un centro de reclusión de los servicios de inmigración norteamericanos con capacidad para mantener detenidos a 450 hombres adultos, según el Global Detention Project, una oenegé que monitorea arrestos de migrantes, con sede en Ginebra.
En 2013, se denunció la represión de protestas civiles en Venezuela para exigir el recuento de los votos de la elección presidencial ganada ese año por Maduro con un margen de poco más de 200.000 boletas, tras la muerte del jefe de Estado Hugo Chávez.
El año siguiente, se reportó un patrón de represión de militares y policías en múltiples regiones de Venezuela contra protestas para reprochar sus políticas económicas y exigir la renuncia de Maduro, como parte de una estrategia conocida como “La Salida”.
Según cifras del Ministerio Público, aquellos enfrentamientos de 2014 dejaron más de 40 muertos, casi 500 heridos y más de 1.800 detenidos. La oenegé Foro Penal, que defiende gratuitamente a detenidos por razones políticas, dijo haber registrado denuncias de más de 30 casos de tortura de civiles aquel año.
Voceros locales de los partidos de oposición y organizaciones civiles señalaron a Quero Silva como responsable de aquella represión y presuntas torturas contra manifestantes opositores en Lara, hace más de una década.
Según la oenegé Provea, fue en Barquisimeto, la principal ciudad de esa región venezolana, donde hubo “la represión más encarnizada” entre el 15 y el 16 de abril de 2013.
En 2017, reportes de la prensa venezolana indicaron que Quero Silva se encontraba en Estados Unidos solicitando asilo político.
Varias de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y la periodista Doricer Alvarado, que trabajó en el estado Lara en aquella época, reconocieron a Quero Silva cuando éste participó como actor extra en una telenovela en Norteamérica, en 2018, conoció la VOA.
“Entraba con una tanqueta militar”
El nombre de Quero Silva aparecía frecuentemente a principios de 2013 en notas de la prensa local como vocero de operativos militares contra la delincuencia organizada. Luego, se le asoció directamente con la detención y torturas de manifestantes.
El militar “dirigió la represión durante las protestas postelectorales de 2013” como jefe del Destacamento 121 -antes 47- de la GNB en Barquisimeto y “comandó la arremetida contra los manifestantes” de esa región un año después, de acuerdo con la asociación civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz).
Andrés Colmenares, defensor de derechos humanos y miembro fundador de Funpaz, exiliado en España, describió a Quero Silva como “un personaje muy duro que dirigió personalmente la represión contra la sociedad civil” de Lara entre 2013 y 2014.
Colmenares dijo haber sido uno de los testigos entrevistados en 2019 por funcionarios del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, como parte de una investigación en Estados Unidos contra Quero Silva y su rol en Venezuela.
“Quero Silva fue el cabecilla que ordenó la represión no sólo a las protestas ciudadanas, sino a lo que se conoció como asedios a urbanismos privados” en ciudades como Iribarren (Barquisimeto) y Paravecino, en Lara, precisó desde Madrid a la Voz de América.
“Era de los que entraba a esos urbanismos con una tanqueta militar adelante y él atrás con unos militares, atacando la propiedad privada, haciendo detenciones arbitrarias y amenazas directas contra personas”, denunció Colmenares, quien estuvo detenido en 2013 por su participación en protestas contra los resultados de la elección presidencial.
Denuncias
Si bien algunos reportes de prensa indican que Quero Silva era coronel en Venezuela, Funpaz precisa en sus documentos su rango de teniente coronel.
“Practicó detenciones arbitrarias y también los allanamientos ilegales a residencias de Iribarren y Palavecino”, ciudades larenses, denunció hace una década Funpaz en una serie de publicaciones a las que tuvo acceso la VOA, que acompañan con su fotografía vistiendo el uniforme verdeolivo de los oficiales militares de Venezuela.
“Utilizó el patio del destacamento 121 de la GNB como un campo de concentración donde practicó actos de tortura contra hombres y mujeres”, agregó la asociación en uno de sus informes sobre Quero Silva y otros comandantes militares, como los generales Octavio Chacón Guzmán y César Figueira, éste último del Ejército.
Quero Silva integró la cúpula militar en Lara desde los momentos finales de la presidencia de Hugo Chávez hasta el segundo año de mandato de Maduro, explicó a la VOA Manuel Virgüez, integrante del Movimiento Vinotinto, que promueve derechos humanos.
En su mandato, ocurrieron detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza pública y tratos inhumanos y degradantes contra cientos de venezolanos, aseguró.
Virgüez dijo haber atestiguado cómo jóvenes estudiantes de la Universidad Fermín Toro fueron liberadas del destacamento a cargo de Quero Silva con el cabello rapado o cortado, un hecho que fue parte de “tratos inhumanos y degradantes”, a su juicio.
Durante los ataques a urbanismos privados por parte de militares al mando de Quero Silva, dijo, se denunció “el uso desproporcionado de gases lacrimógenos” que afectaron a sus residentes, entre ellos adultos mayores, menores de edad y mujeres.
El diario venezolano El Impulso publicó en 2013 que militares de la Guardia Nacional Bolivariana obligaron a un grupo de manifestantes opositores detenidos por protestar contra los resultados electorales a “cantar consignas a favor de Maduro”.
Piden juicio en Estados Unidos
Funpaz está solicitando formalmente a las autoridades estadounidenses, como el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y senadores bipartidistas, que Quero Silva no sea deportado a Venezuela, sino juzgado en Estados Unidos.
“Como organización y como víctimas, tenemos el temor de que, si lo deportan a Venezuela, sea recibido como un héroe o queden sus crímenes impunes. No confiamos para nada en la justicia venezolana”, señaló Colmenares.
Trump ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes irregulares a sus países y ha acusado al gobierno de Maduro de presuntamente enviar criminales a Estados Unidos, presuntos miembros de la banda Tren de Aragua.
En febrero, Venezuela recibió tres vuelos con cientos de deportados desde Estados Unidos, pero el mandatario estadounidense anunció hace una semana la suspensión de licencias petroleras en esa nación alegando que sus autoridades no habían tramitado con suficiente rapidez esos operativos aéreos e incumplieron acuerdos políticos y electorales firmados en Barbados bajo la administración anterior.
La Corte Penal Internacional investiga la presunta comisión desde febrero de 2014 de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por razones políticas, a petición de un grupo de países, entre ellos Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Según una misión independiente de determinación de hechos en Venezuela, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno de Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las recientes elecciones presidenciales, realizadas el 28 de julio del año pasado.
El oficialismo venezolano desestima esas acusaciones y las atribuye a una estrategia de gobiernos extranjeros para desestabilizar y derrocar al gobernante Maduro.
Maduro ha argumentado que las fuerzas de seguridad del Estado han respondido con el uso progresivo de la fuerza a protestas “violentas” contra su gobierno que habrían puesto en riesgo las vidas de ciudadanos. También, afirma que ha sido víctima de una docena de conspiraciones golpistas desde que está en el poder.
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