La ONG venezolana Súmate exigió este jueves al Estado la reparación de los daños causados, según la organización, a su coordinadora de Formación Ciudadana Electoral, Nélida Sánchez, quien cumple 200 días detenida, acusada de cinco presuntos delitos, entre ellos terrorismo y traición a la patria.
«Está obligado a reparar los daños causados a Nélida Sánchez y a su familia desde su detención, el 26 de agosto de 2024, hasta la fecha», dijo Súmate en X, donde citó un punto del artículo 49 de la Constitución venezolana, según el cual toda persona «podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados».
A juicio de la organización no gubernamental, el proceso judicial contra Sánchez «está viciado de nulidad absoluta», debido -explicó- a que el tribunal «admitió los cinco cargos promovidos por la Fiscalía y ordenó su enjuiciamiento con base en pruebas forjadas en el acta policial del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)».
La activista también es acusada de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir, los cuales rechaza la ONG, que exigió también la libertad de su coordinadora, así como del resto de los políticos, activistas sociales y ciudadanos que, según denuncian varias organizaciones, están presos de forma «arbitraria».
Recientemente, Súmate alertó de retrasos en el inicio del juicio contra Sánchez y de las «múltiples enfermedades» que, asegura, sufre la activista, quien permanece detenida en el Helicoide, la sede en Caracas del Sebin.
Por tanto, pidió a la Justicia venezolana otorgar «medidas especiales» para que Sánchez reciba un tratamiento «adecuado y oportuno» ante sus «crisis de hipertensión, trastornos de ansiedad, insomnio, infección urinaria y otros eventos traumáticos que amenazan su integridad física y mental».
Su detención se produjo en el contexto de la crisis política que se desató tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un periodo en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado del aumento de la «persecución» y «represión» por parte del chavismo.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos». EFE
