Primero llegaron las denuncias. Ahora, la evidencia. Desde que el Gobierno de Donald Trump comenzó a deportar a El Salvador a venezolanos, a quienes acusa de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, los familiares y defensores de los derechos de migrantes alzaron la voz para decir que esos hombres no son y nunca han sido pandilleros.
Por EL PAÍS DE ESPAÑA
Que los identificaron mal, puro prejuicio por su nacionalidad, su ropa o sus tatuajes. Una demanda interpuesta por el American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones de derechos civiles más importante del país, busca ahora comprobar estos alegatos. En contra de las rotundas acusaciones de la Administración republicana, la prueba principal es un formulario que determina la supuesta pertenencia a la pandilla venezolana —y por ende su designación como enemigo extranjero— a partir de un sistema de puntos. El umbral marcado es bajo: ocho puntos es igual a ser miembro del Tren de Aragua.
El documento proporcionado como evidencia por parte del ACLU comienza con tres criterios básicos que deben cumplirse para poder continuar. La persona interrogada debe tener 14 años o más, ser venezolano y no tener ciudadanía ni residencia estadounidense. Luego viene la tabla a rellenar y tabular para que el cálculo arroje una respuesta que ignora matices, modas o circunstancias particulares. Son 20 criterios, divididos en seis subgrupos —Sentencias Judiciales y Documentos Oficiales, Autoadmisión, Conducta Criminal e Información, Documentos y Comunicaciones, Simbolismo y Asociación—. Si se cumple alguna de las condiciones se otorgan entre dos y diez puntos.
Entre las primeras secciones, si el sujeto ha sido condenado por violar la ley estadounidense por actividades relacionadas con el Tren de Aragua, se marcan 10 puntos, por ejemplo. No hay más complicaciones en el asunto. Lo mismo si la persona admite pertenecer a la pandilla abiertamente. Pero luego la cosa se pone más complicada. Si existe inteligencia estadounidense o de socios extranjeros que vincula a la persona a la pandilla, o hay testimonios creíbles de víctimas, miembros de la comunidad o de informantes, que afirman lo mismo, son cuatro o tres puntos, respectivamente. O si tiene comunicaciones verificables o transferencias financieras a miembros conocidos del Tren de Aragua, se suman seis o tres puntos.
Las últimas dos secciones son las más polémicas, pues se centran en los tatuajes, la vestimenta, las fotografías en grupo u otros supuestos símbolos de pertenencia de los sospechosos de ser pandilleros del Tren de Aragua. Por ejemplo, tener tatuajes que “denotan membresía o lealtad al Tren de Aragua” suma cuatro puntos; mientras que tener publicaciones de redes sociales con símbolos de la pandilla o actividades con miembros conocidos, son dos puntos. Como han dicho los expertos, los denunciantes y activistas, esos criterios son subjetivos, pues muchos de los supuestos símbolos, como la ropa deportiva de equipos estadounidenses, son comunes entre la sociedad general. Considerando que en este apartado con cinco cuestiones dos valen cuatro puntos y tres valen dos puntos, es muy posible acabar siendo identificado como miembro del Tren de Aragua, enemigo extranjero y deportado por una lectura sesgada de la apariencia o el estilo.
Precisamente, además del formulario, ACLU también incluye un par de guías del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Patrulla Fronteriza para identificar a un presunto miembro del Tren de Aragua. En ambas se resaltan los tatuajes considerados sospechosos: trenes, coronas, estrellas, una AK-47, relojes, el símbolo de Jordan o la frase “Real hasta la muerte” —originalmente de una canción del reguetonero puertorriqueño Anuel AA—. Todos estos son tatuajes comunes en general. Pero las guias de diferentes cuerpos se contradicen en un punto. Mientras que el de DHS indica que si las personas usan prendas de los Chicago Bulls es más probable que sean pandilleros, el de la Patrulla Fronteriza indica que justamente la ropa de los Bulls es muy popular entre los venezolanos en general y que no debería ser tomado como evidencia definitiva.
La demanda de ACLU y las pruebas que incluye llegan dos semanas después del comienzo de una polémica que sigue viva y tiene pinta de ir de camino al Tribunal Supremo. Las deportaciones de venezolanos acusados de ser parte del Tren de Aragua comenzaron el pasado 16 de marzo, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros. Esto, a pesar de que la aplicación de la ley, de 1798 y que indica que el país debe estar en guerra y que los deportados sean parte de una “fuerza invasora”, fue congelada por el juez federal James Boasberg apenas se supo de los primeros aviones llenos de venezolanos dirigidos a El Salvador. Desde entonces, Trump ha elevado la cuestión a la corte más alta del país y los vuelos han reanudado en desafío abierto a la orden del juez.
Fuera del ámbito legal también ha habido numerosos reportes de casos en los que los deportados no son pandilleros, de acuerdo a los testimonios de familiares. La denuncia de ACLU incluye muchas de estas historias de personas identificadas como miembros del Tren de Aragua por un simple tatuaje como evidencia de una persecución injusta y arbitraria contra venezolanos.
En una respuesta breve ante los medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “hay una letanía de criterios que se usan para asegurar que estos individuos clasifican como terroristas extranjeros y asegurar de que clasifican para la deportación”. Esa “letanía” parece ser un número concreto: ocho
