El juez federal James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, afirmó este jueves que existe una «probabilidad razonable» de que la administración Trump haya violado sus órdenes al permitir que dos vuelos con migrantes deportados continuaran hacia El Salvador, a pesar de su fallo que exigía el regreso de los aviones.
Durante una audiencia, Boasberg presionó al Departamento de Justicia para que explicara el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y revelara detalles clave sobre los vuelos, informó ABC News.
El gobierno ha argumentado que esta información está protegida por el privilegio de secretos de Estado, algo que el juez cuestionó con escepticismo. «Si realmente creyeran que sus acciones eran legales, no habrían actuado como lo hicieron», dijo Boasberg a los abogados del gobierno.
El primer vuelo con 238 migrantes deportados despegó el 15 de marzo, el mismo día en que el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a presuntos integrantes del Tren de Aragua, una pandilla venezolana catalogada como organización terrorista. Posteriormente, el 31 de marzo, la administración deportó a otras 17 personas acusadas de pertenecer a este grupo y a la Mara Salvatrucha (MS-13), también bajo el amparo de esta controvertida legislación.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda urgente, y Boasberg ordenó verbalmente durante una audiencia que los aviones regresaran. Sin embargo, los vuelos aterrizaron en El Salvador horas después.
Drew Ensign, subprocurador general adjunto, defendió que la orden verbal de Boasberg no tenía el mismo peso que su orden escrita posterior, la cual no mencionaba explícitamente el retorno de los aviones. Pero el juez rechazó este argumento: «Me parece bastante probable que eso no sea correcto. De hecho, el gobierno actuó de mala fe durante todo ese día».
Posibles sanciones por «desacato»
Boasberg advirtió que podría iniciar un proceso por «desacato» la próxima semana, lo que implicaría investigar quién dentro de la administración tomó la decisión de «ignorar» su orden. «Si no me convencen sus argumentos legales y encuentro causa probable, determinaré quién es responsable», afirmó.
El caso ha escalado hasta la Corte Suprema, luego de que un tribunal de apelaciones respaldara a Boasberg en una votación 2-1. La jueza Patricia Millett sostuvo que los deportados no tuvieron oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra. Mientras tanto, Trump ha criticado públicamente al juez, incluso pidiendo su impeachment, lo que generó una reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Tensión en la audiencia
La audiencia estuvo marcada por choques entre Boasberg y Ensign, quien evitó responder preguntas clave alegando privilegio abogado-cliente. El juez mostró frustración al preguntar por qué el gobierno no frenó las deportaciones ante una posible orden judicial: «¿Por qué no decir: ‘Esperemos a ver qué decide el juez’?».
Ensign admitió desconocer detalles operativos, como quién autorizó que los vuelos continuaran o si se informó a los pilotos sobre la orden judicial. Boasberg respondió: «Eso será relevante para el posible desacato».
