El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó el miércoles su respaldo al pronunciamiento emitido por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se condena el traslado y detención de migrantes venezolanos en El Salvador, tras ser deportados desde Estados Unidos.
Saab destacó que los expertos alertaron sobre la aplicación indebida de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada para justificar la deportación de ciudadanos venezolanos sin el debido proceso. “Los expertos denuncian que dicha ley habría sido aplicada de forma incorrecta, violando el derecho internacional, y que muchas personas fueron deportadas arbitrariamente, incluso sin vínculos con pandillas, siendo expuestas a torturas, desapariciones forzadas y condiciones carcelarias inhumanas en El Salvador”, expresó el fiscal.
PlayUnmute
Fullscreen
El pronunciamiento, fechado el 30 de abril, recoge la preocupación de los expertos por el trato recibido por los migrantes en cárceles salvadoreñas, especialmente en centros de máxima seguridad donde han sido documentadas denuncias de violencia intracarcelaria, muertes, hacinamiento y falta de atención médica, indica Saab.
Asimismo, el fiscal detalla que los expertos confirmaron personas estarían retenidas en condiciones “presuntamente inhumanas”, sin acceso a artículos básicos como colchones, y recluidas en jaulas, lo que contraviene las normas internacionales de derechos humanos.
Saab reiteró su condena a estas prácticas y exigió respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos migrantes, subrayando la responsabilidad de los países receptores de garantizar su integridad y protección jurídica.
Comunicado de la ONU
Un grupo de expertos de la ONU manifestó su “profunda preocupación” por la deportación de más de 250 hombres, incluidos venezolanos, desde Estados Unidos a cárceles de máxima seguridad en El Salvador, denunciando posibles violaciones al derecho internacional.
En un comunicado, los expertos cuestionaron el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, aplicada de forma “incorrecta y arbitraria”, y señalaron que muchas personas fueron deportadas sin vínculos con pandillas ni debido proceso, exponiéndolas a «tratos inhumanos, desapariciones forzadas y condiciones carcelarias extremas».
Alertaron sobre hacinamiento, falta de atención médica y reclusión en jaulas, y pidieron acceso inmediato de observadores independientes a estos centros. También denunciaron que las deportaciones podrían constituir “expulsiones ilegales”, y que los deportados están en riesgo de ser enviados a Venezuela, donde podrían sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Finalmente, instaron a los gobiernos de EE. UU. y El Salvador a cesar estas prácticas y permitir el retorno de los migrantes afectados.
