Un grupo de venezolanos, que serían cerca de 250, pueden estar en una situación de desaparición forzada en El Salvador en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados de Estados Unidos a ese país, dijo este martes la ONU.
«Hasta la fecha, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara», señaló a la prensa la portavoz de este organismo, Liz Throssell.
Comentó que «muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué circunstancias están sus seres queridos».
En respuesta a varias preguntas de periodistas, la portavoz dijo que -en vista de que no se sabe lo ocurrido a esas personas y con las violaciones de los derechos humanos que se teme pueden estar ocurriendo en el centro de detención salvadoreño al que son enviados los deportados- se justifican la inquietud de que pueda tratarse de desapariciones forzadas, de acuerdo a lo que estipula el derecho humanitario internacional.
Según datos oficiales estadounidenses, citados por la portavoz, del 20 de enero al 29 de abril, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos a distintas partes del mundo, pero «la suerte y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse».
Muchos de ellos fueron deportados en virtud del ‘Alien Enemies Act’ (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales y se supone que están detenidos en el centro de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo).
En esas instalaciones los detenidos reciben un «trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior», sostuvo Throssell.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también indicó que ha obtenido información, a través de familiares y abogados, sobre más de cien venezolanos que estarían detenidos en el CECOT.
«Esta información indica que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del Gobierno de Estados Unidos de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado y que no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados», explicó.
En tal situación, varios derechos fundamentales están en cuestión, incluidos los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley y a la protección contra la tortura.
«La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, también ha sido extremadamente preocupante», recalcó el organismo de la ONU.
EFE
