Frente a la merma de ingresos derivados del petróleo tras la intensificación de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el gobierno venezolano ha comenzado a aumentar los impuestos y las tarifas de servicios públicos dirigidos al sector privado, según denuncian empresarios y analistas económicos consultados por Reuters. Las medidas, aseguran, amenazan con agravar aún más las dificultades que ya enfrentan las empresas en un entorno de prolongada crisis económica, alta inflación y restricciones cambiarias.
La decisión de Washington, tomada en febrero, revocó autorizaciones clave que permitían a ciertas compañías —incluida la estadounidense Chevron— comercializar crudo venezolano bajo exenciones especiales del régimen de sanciones. Además, se establecieron sanciones secundarias para compradores de petróleo de Venezuela.
De acuerdo con estimaciones de analistas, esta nueva ofensiva podría reducir en aproximadamente 30% los ingresos petroleros del país, que en 2024 rondaron los 15.000 millones de dólares.
En respuesta a esa expectativa de caída en los ingresos, las autoridades venezolanas han intensificado la fiscalización, exigiendo pagos anticipados de impuestos, imponiendo multas de gran escala, autorizando ajustes en tarifas de servicios públicos y permitiendo a entes locales incrementar sus propias cargas tributarias.
El presidente Nicolás Maduro decretó en abril un “estado de emergencia económica” que le permite eliminar exoneraciones fiscales. Ya en enero había exigido a sus funcionarios duplicar la recaudación tributaria respecto al año anterior, cuando los ingresos fiscales alcanzaron los 5.200 millones de dólares. Las cifras oficiales indican que en el primer trimestre de 2025, la recaudación aumentó en alrededor de 20%.
Desde Miraflores se mantiene la narrativa de rechazo a las medidas de Washington, calificándolas como parte de una «guerra económica».
Sin embargo, tres fuentes confirmaron que representantes del empresariado han sostenido reuniones con el Ejecutivo para solicitar revisiones en la política impositiva, sin resultados concretos hasta ahora.
Una encuesta realizada en mayo por Conindustria —la principal gremial industrial del país, que agrupa sectores como alimentos, plásticos, químicos y textiles— reveló que el 77% de los empresarios considera la carga fiscal como el principal obstáculo para sus operaciones. Además, cerca del 60% de los encuestados manifestó que no prevé incrementar su producción en los próximos meses.
«Entorno adverso»
“Cualquier impuesto adicional que se pague saldrá del capital de trabajo”, declaró Luigi Pisella, presidente de Conindustria, quien subrayó la urgencia de ampliar la base tributaria para evitar que el peso fiscal recaiga únicamente sobre las empresas actualmente activas.
“Quienes logren un poco de crecimiento serán aquellos que sepan manejar este entorno adverso”, opinó un industrial que prefirió no ser identificado.
Por su parte, el diputado oficialista José Vielma Mora celebró el aumento de la recaudación: “Con una mayor recaudación de impuestos ha sido posible aliviar momentos económicos difíciles”, expresó a Reuters. “Debemos agradecer al sector privado, que ha hecho una contribución suficiente”.
Los analistas, sin embargo, son más contundentes en su diagnóstico. “Los impuestos son un salvavidas para el gobierno”, aseguró el economista Luis Bárcenas, de la firma venezolana Ecoanalítica. Según sus proyecciones, el fisco podría recaudar hasta 13.000 millones de dólares este año, y las empresas estarían destinando hasta la mitad de sus utilidades al pago de impuestos.
El mismo estudio de Conindustria indica que las grandes empresas no prevén aumentar su plantilla de trabajadores, mientras que las medianas podrían reducir personal en cerca de un 1%.
“Cuando no se tiene capital de trabajo, se deja de crear empleo”, apuntó un empresario consultado.
Algunas fuentes del sector comercial informaron que han optado por cerrar locales con bajo rendimiento de ventas, presionados también por tributos municipales.
“Cuando un cliente paga por un producto, está pagando una buena parte de los impuestos que el comerciante entrega al Estado”, explicó un comerciante del centro del país, quien denunció que los impuestos locales están elevando significativamente los precios finales.
Los fabricantes nacionales, que por lo general operan plantas en varios municipios, enfrentan una carga tributaria más compleja que las pocas compañías extranjeras aún presentes en el país, muchas de las cuales se limitan a importar productos o cuentan con operaciones industriales limitadas.
“Para las empresas con producción local, el impacto es aún más crítico”, afirmó el directivo de una empresa extranjera que solicitó el anonimato.
Durante la bonanza petrolera, el Estado venezolano mantuvo subsidios que permitieron ofrecer servicios públicos a precios simbólicos. No obstante, en el último año —hasta marzo— las tarifas se han más que duplicado, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
La inflación, que cerró 2024 en 48%, podría alcanzar el 200% al finalizar 2025, según proyecciones de economistas independientes.
Con información de Reuters.
