Una orden judicial estableció que el gobierno de Estados Unidos debe facilitar el regreso de Daniel Lozano Camargo, joven venezolano que fue deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de tener solicitud de asilo activa y estar protegido por un acuerdo judicial vigente.
El caso ha generado atención mediática y política debido al uso de una legislación de emergencia para justificar su remoción y por la intervención directa del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ahora lidera las gestiones diplomáticas para lograr su repatriación.
La repatriación del venezolano a EE UU
En una presentación reciente ante la corte, el lunes 2 de junio, Melissa Harper, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está a cargo de las conversaciones con el gobierno salvadoreño.
Daniel LozanoCamargo fue deportado a El Salvador como parte de la política migratoria de Donald Trump
Rubio mantiene relación estrecha con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros altos funcionarios.
“Con base en esta profunda experiencia y en su familiaridad con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país, el secretario está gestionando personalmente las conversaciones en relación con las personas sujetas a la orden judicial detenidas en El Salvador”, aseguró Harper, publicó Telemundo.
El entorno de Lozano Camargo ha señalado que fue víctima de un proceso administrativo acelerado, sin posibilidad de defensa ni revisión de su estatus legal vigente. La madre del joven ha utilizado redes sociales para exigir justicia y denunciar lo que considera una acusación infundada, basada en estereotipos y prejuicios.
Aunque la jueza federal Stephanie Gallagher ordenó el regreso del joven hace más de un mes, hasta ahora su traslado de vuelta a Estados Unidos no se ha concretado. La administración Trump ha informado que trabaja activamente con las autoridades salvadoreñas para facilitar su salida del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y posterior reingreso al país norteamericano.
Lozano Camargo fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)
Los detalles de la deportación de Daniel Lozano Camargo
Lozano Camargo, oriundo de Maracaibo, estado Zulia, cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022, sin documentos, cuando tenía 17 años de edad. Luego de permanecer bajo custodia federal en un centro para menores no acompañados, fue liberado y se instaló en Houston, Texas. Una vez allí, inició un pequeño negocio de lavado de autos y mantenía su estatus migratorio en revisión.
El 15 de marzo de 2025 fue expulsado a El Salvador junto con otros extranjeros en un operativo migratorio basado en la Ley de Enemigos Extranjeros, disposición legal que permitió deportaciones sin proceso judicial tradicional, invocada por la administración Donald Trump como parte de su política migratoria.
Según documentos judiciales, se alegó que el joven tenía condena menor por posesión de drogas y que eso lo vinculaba con organizaciones criminales. Su familia negó cualquier conexión con pandillas como el Tren de Aragua.
Marco Rubio sería el responsable de gestionar el regreso del joven venezolano deportado por error. Jose Luis Magana – FR159526 AP
Una vez en El Salvador, Lozano Camargo fue enviado al Cecot, la prisión de máxima seguridad de Nayib Bukele donde recluyen a señalados de delitos graves relacionados con estructuras del crimen organizado.
Orden de retorno del venezolano deportado por error a El Salvador
El 24 de abril, la jueza federal Stephanie Gallagher, con jurisdicción en Maryland, falló a favor de Lozano Camargo. En su decisión, indicó que la expulsión violó los términos de un acuerdo alcanzado en noviembre de 2024, que impide la deportación de personas que ingresaron a Estados Unidos como menores no acompañados, mientras sus solicitudes de asilo siguen pendientes.
El fallo ordenó a la administración Trump tomar medidas para garantizar su regreso desde El Salvador y se señaló que el procedimiento seguido en su caso no cumplió con los requisitos legales aplicables. La jueza también reconoció que se había vulnerado el debido proceso al no evaluar adecuadamente su condición migratoria antes de ejecutar la deportación.
