La Fiscalía de Argentina apeló este lunes la decisión de un juez de que la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cumpla casa por cárcel, tras considerar que debe hacerlo desde una prisión.
La petición fue hecha por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes aseguran que conceder la prisión domiciliaria “es un desatino mas de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal” y un “privilegio indebido” para la expresidenta, refirió el medio argentino La Nación.
Los fiscales dijeron que la decisión de los jueces, al disponer la prisión domiciliaria, “conjugaría vicios de juicio y de actividad, producto de la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal”.
En ese sentido, manifestaron la necesidad de que “las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”.
Asimismo, rechazaron la idea de que el “alojamiento individual” sea un perjuicio para Kirchner, tras aseverar que “constituye una condición beneficiosa respecto del resto de la población carcelaria” y “mitiga todo tipo de riesgo o vulneración de su entorno de seguridad”.
“Esta situación anómala termina convalidando una prerrogativa contraria a la igualdad ante la ley que asume la forma de un privilegio indebido para Fernández en desmedro de los demás condenados en esta causa”, sentenciaron.
¿Por qué está presa Fernández?
En 2022, la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por hechos de corrupción, aunque no había sido encarcelada hasta que la Corte analizara el recurso de queja presentado por su defensa.
El jueves 19 de junio, la Justicia argentina aclaró que Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su apartamento de Buenos Aires, podrá salir al balcón de su residencia durante el cumplimiento de su condena.
La información se conoció un día después de que los abogados de Fernández de Kirchner solicitaran precisiones sobre el alcance de un apartado de una resolución, en la que se indicaba que durante su detención domiciliaria debía “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Técnicos del Ministerio de Seguridad asignaron a la exmandataria un dispositivo de monitoreo electrónico para comprobar que no abandone el lugar de detención.
Por su parte, la exmandataria reclamó ante la Justicia que el régimen de visitas que se le impuso para su prisión domiciliaria —el cual exige solicitar autorización judicial para cualquier visita que no sea de familiares, abogados o médicos— es “totalmente arbitrario” y viola sus derechos civiles.
