La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió este jueves a la reciente decisión de la Asamblea Nacional venezolana de declarar «persona non grata» a su titular, Volker Türk, y lamentó la medida, defendiendo la «legitimidad y rigurosidad» de su trabajo en el país.
La portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, aseguró a Europa Press que «aún no han recibido una notificación oficial del Gobierno de Nicolás Maduro sobre eventuales medidas contra Türk o su equipo».
No obstante, recordó que el alto comisionado elabora sus informes bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y con base en información verificada, centrada en los testimonios de las propias víctimas.
“Reiteramos nuestra disposición a dialogar de buena fe con el Gobierno de Venezuela y todos los actores, sobre la base del respeto mutuo, el diálogo franco y transparente y la cooperación”, expresó Shamdasani.
Postura de Venezuela
El pronunciamiento llega luego de que el Parlamento venezolano declarara el martes “persona non grata” a Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y pidió al Ejecutivo «cortar relaciones» con su oficina mientras él permanezca en el cargo.
Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, criticó a Türk, calificándolo de “sátrapa” y “cómplice” de supuestos crímenes. También cuestionó su «silencio» frente a denuncias del Gobierno sobre migrantes venezolanos detenidos en El Salvador y niños separados de sus familias en Estados Unidos.
Rodríguez instó al Ministerio Público a investigar a Türk por presuntos «delitos» y reiteró su propuesta de abandonar la oficina del Alto Comisionado.
Informe de Volker Türk ante la ONU
Volker Türk fue declarado “persona non grata” tras expresar, el pasado viernes, su preocupación por el «agravamiento» de la situación de los derechos humanos en Venezuela durante la presentación de un informe sobre el país.
Türk denunció que entre mayo de 2024 y mayo de 2025 su oficina documentó «graves violaciones, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y fallas en el debido proceso». Afirmó que opositores y defensores de derechos humanos «han sido arrestados bajo cargos cuestionables», muchos de ellos basados en la legislación antiterrorista.
Türk alertó que cientos de personas siguen detenidas por hechos vinculados a las presidenciales de 2024, y reportó que al menos 32 fueron «víctimas de tortura», entre ellas 15 adolescentes. Además, 28 personas, incluidos 12 extranjeros, siguen desaparecidas.
El alto comisionado exigió la liberación inmediata de todos los detenidos, mencionando específicamente a los activistas Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres, y pidió al Estado venezolano cesar la criminalización de la sociedad civil y respetar sus compromisos internacionales.
Tensiones
La tensión entre el Gobierno venezolano y la oficina de la ONU se agudiza tras años de acusaciones mutuas. Aunque en 2024 el Ejecutivo suspendió las operaciones de la oficina en Caracas, meses después Maduro invitó a su regreso en un intento por restablecer la cooperación, la cual hoy vuelve a tambalear.
El gobierno de Maduro ha acusado en repetidas ocasiones a Türk y su equipo de actuar de forma parcializada, al señalar presuntas omisiones sobre las violaciones de derechos por parte de potencias como Estados Unidos, con el fin de desacreditar las denuncias que apuntan a un patrón sistemático de abusos en Venezuela.
