La producción petrolera de Venezuela alcanzó en julio el 1 084 000 barriles por día (bpd), un incremento del 1,40 %—unos 15 000 bdp— respecto a junio, cuando promedió en 1 069 000 bpd, según fuentes primarias recogidas en el informe publicado este martes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Por su parte, las fuentes secundarias, que no provienen directamente del Gobierno venezolano, presentan una perspectiva diferente. Estas indican que la producción de julio de 2025 fue de 914 000 bdp, 0,43 % menos que en junio, cuando la producción fue de 918 000.
Las discrepancias entre las fuentes oficiales y secundarias han sido una constante en los últimos años, lo que dificulta una evaluación precisa del panorama petrolero venezolano.
La producción de petróleo en el país sigue manteniéndose por debajo de los niveles previos a la crisis económica que inició en el año 2014, cuando la nación producía alrededor de 3 millones de bpd.
Además, a pesar de las promesas del Gobierno venezolano de aumentar la producción petrolera, el país no ha logrado alcanzar los niveles previos a la crisis.
El Ejecutivo proyectó a inicios de 2023 que podrían cerrar el año con una producción superior a los 2 millones de barriles diarios, meta que no se ha cumplido hasta la fecha. Para ello puso al frente de la industria a Tareck El Aissami, quien renunció a raíz del escándalo de corrupción en la empresa estatal Pdvsa, un caso que ha dejado más de 60 personas detenidas, incluyendo al exministro.
Nicolás Maduro ha insistido en su compromiso de mejorar la industria petrolera y la economía del país. En marzo pasado, el mandatario afirmó que Venezuela está abierta a las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación.
Las sanciones
En abril del 2024, Estados Unidos había decidido reinstaurar algunas de las sanciones sobre el sector de petróleo y gas de Venezuela.
La licencia 44 permitía a la mayoría de las compañías petroleras estadounidenses hacer negocios en Venezuela, y a Pdvsa, vender su petróleo en Estados Unidos y utilizar su sistema financiero para pagar a acreedores y cobrar deudas.
La decisión de Washington se dio después de que el Gobierno de Nicolás Maduro “incumpliera con los compromisos firmados” con la oposición venezolana, reunida en la Plataforma Unitaria, para la celebración de unas elecciones “libres y competitivas” y que llevaron en octubre de 2023 a un alivio parcial de las sanciones estadounidenses.
Por su parte, a principios de marzo, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su decisión de poner fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Tras meses de negociaciones y presión de la compañía, la Casa Blanca extendió temporalmente la autorización en abril, pero finalmente la revocó el 27 de mayo.
Sin embargo, la medida fue revertida a finales del mes de julio, luego de que Washington y Caracas concretaran un canje de presos.
“Efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez”, dijo Maduro en una entrevista concedida al canal multiestatal TeleSur el pasado 24 de julio.
En ese entonces, señaló que, mientras la situación de Chevron “estuvo en ese limbo en Estados Unidos”, los pozos petroleros que opera en conjunto con el Estado venezolano incrementaron su producción.
“Deben saber que en estos meses (…) Venezuela ha crecido un 12 % en la producción petrolera con esfuerzo propio. Por eso siempre he dicho que nosotros no necesitamos licencia para operar. Hemos aprendido a seguir nuestro propio camino; poquito a poquito se llega lejos”, afirmó.
Aunque los detalles de la licencia no fueron divulgados públicamente, la agencia Reuters confirmó que se trata de una autorización restringida que prohíbe transferencias de fondos al gobierno venezolano.
En la nota firmada por la periodista Marianna Parraga se señala que el permiso fue otorgado de manera confidencial y permite a Chevron tomar decisiones en sus empresas mixtas, así como participar en adquisiciones y pagos contractuales.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, insistió en que Washington no permitirá que “los ingresos del petróleo financien o beneficien al Gobierno venezolano”.
Por su parte, Natalia Molano, vocera en español del mismo organismo, afirmó que la administración Trump estaba siendo “más directa y coherente” en su política hacia Caracas.
“El Gobierno estadounidense está haciendo todo lo posible, con herramientas y medidas contundentes, para cerrar cualquier flujo de recursos y de dinero al Gobierno de Maduro”, dijo Molano a W Radio. Aunque evitó revelar detalles de la licencia, reiteró que “ninguna medida va a terminar lucrando” al Ejecutivo venezolano.
Los desafíos
Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han limitado el acceso de Venezuela al mercado internacional de crudo, lo que ha dificultado la obtención de financiamiento e inversiones para la industria petrolera.
La falta de mantenimiento y la insuficiente inversión han deteriorado la infraestructura petrolera del país, lo que ha impactado negativamente en la producción.
Asimismo, la fuga de talento y la falta de oportunidades para la formación de nuevos profesionales han contribuido a la escasez de mano de obra calificada en el sector petrolero.
El futuro de la industria petrolera venezolana es incierto. Si bien el gobierno ha mostrado su disposición a buscar soluciones y atraer inversiones, los desafíos son considerables. El levantamiento de las sanciones o la flexibilización de las mismas podría ser un factor determinante para la recuperación del sector.
