El Ejecutivo venezolano emitió el 30 de junio de 2025 el decreto N° 5.145, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.918, que modifica parcialmente el esquema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las importaciones. La medida, de acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, persigue tres propósitos fundamentales: estimular la producción nacional, limitar las importaciones y fortalecer la recaudación fiscal.
Impacto directo en bienes básicos
El nuevo marco elimina la exención del IVA a productos importados contemplados en la ley, salvo aquellos incluidos en un anexo de 1.445 subpartidas arancelarias que podrán optar por exoneraciones de hasta un año, previa autorización del Comité de Comercio Exterior (Comex).
En términos prácticos, esto significa que artículos que anteriormente ingresaban sin pagar tributo ahora estarán gravados, y quienes deseen evitarlo deberán enfrentar trámites administrativos adicionales que implican costos de tiempo y dinero, los cuales se trasladarán finalmente al consumidor.
Acceso a la Justicia alerta que este cambio puede encarecer el precio de bienes esenciales, como alimentos, medicinas, fertilizantes y materiales agrícolas, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables de la población.
Falta de seguridad jurídica
La organización subraya varios aspectos que generan incertidumbre en el ámbito legal:
- Entrada en vigencia irregular: aunque el decreto se publicó oficialmente el 30 de junio, comenzó a circular en redes sociales recién el 2 de julio y solo fue difundido en la página web del Seniat el 4. Su aplicación arrancó el 5 de julio, lo que, según el análisis, limita la transparencia e impide una adecuada impugnación judicial.
- Uso cuestionable del estado de excepción: la norma se dictó bajo la figura de la emergencia económica que había expirado el 7 de junio. La nueva declaratoria de excepción se emitió el 8 de agosto, lo que, de acuerdo con Acceso a la Justicia, pone en tela de juicio la validez constitucional del decreto. Hasta la fecha, no ha sido anulado ni impugnado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
- Confusión de competencias: el decreto sustituyó exenciones previstas por la ley —atribución exclusiva del Poder Legislativo— por exoneraciones administrativas, que son prerrogativa del Ejecutivo. “Esto implica que el Ejecutivo se atribuye competencias legislativas sin tener facultades, menos aún fuera del marco de un estado de excepción”, advirtió la ONG.
Consecuencias económicas
Acceso a la Justicia resume las implicaciones más inmediatas de esta decisión:
- Bienes importados gravados: productos esenciales que antes estaban libres de IVA ahora deben pagarlo.
- Exoneraciones complejas: obtenerlas requiere una solicitud ante el Comex y un certificado oficial, lo que supone demoras y costos adicionales.
- Aumento de precios al consumidor: el traslado del IVA a los compradores finales puede restringir el acceso a bienes de primera necesidad, mientras que los productos de fabricación nacional similares continúan exentos.
La organización concluye que, lejos de garantizar mayor control y recaudación, la medida podría derivar en mayores costos para los ciudadanos y un entorno de mayor inseguridad jurídica.
Con información de Finanzas Digital.
