La semana pasada, la administración del presidente José Raúl Mulino anunció su intención de buscar un tercer país para deportar a migrantes venezolanos, en aras de cumplir con el acuerdo suscrito en julio con EEUU, que permite cerrar el paso de migrantes irregulares por la peligrosa selva del Darién.
En paralelo, emitía el Decreto Ejecutivo 194, mediante el cual se modifica los montos de las multas establecidas en el Decreto Ley N° 3 del 22 de febrero de 2008, para ajustarse a las “condiciones de vulnerabilidad” de los extranjeros que ingresen de manera irregular por los pasos fronterizos con Colombia, quienes no podrán salir del país hasta cumplir con la sanción o serán objetos de deportación en caso de no contar con los recursos económicos.
Para Elías Cornejo, coordinador del servicio de migrantes de Fe y Alegría Panamá, estas medidas, que califica de “represivas”, en lugar de desalentar la migración irregular lo que van a provocar es que la gente “busque rutas mucho más peligrosas para seguir avanzando».
“Estamos enviando a la gente a ser carne de cañón de los cárteles de la droga y de los cárteles de trata de personas. Los estamos obligando a eso, les estamos poniendo en las manos de los traficantes”, alerta en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
El tercer país
Hasta el 22 de octubre el Gobierno panameño ha logrado repatriar a 787 extranjeros indocumentados en 19 vuelos chárter con destino a Colombia, Ecuador e India, financiados por EEUU a un costo de 1,140,846 dólares.
Aunque la cifra de cruces a través del Darién es menor a la del 2023, hasta los primeros días de octubre habían ingresado por esta peligrosa ruta, que divide Colombia de Panamá, 277,939 migrantes. Hubo un pico de entradas en septiembre, cuando cruzaron 25,111 extranjeros, el 80% de ellos venezolanos y el 20% restante, colombianos, ecuatorianos, chinos y de otras nacionalidades.
Pese a que el grueso de los migrantes irregulares son venezolanos, el Gobierno no ha podido implementar su plan de repatriación con ciudadanos de esta nacionalidad debido a que suspendió relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, a quien el poder electoral a su servicio le atribuye una supuesta victoria, que contrasta con los resultados que muestran las actas electorales presentadas por la oposición democrática.
En medio de este escenario, surge la opción de encontrar un tercer país para deportar a venezolanos. María Isabel Saravia, exsubdirectora de Migración Panamá, indica que el Gobierno podría estar hablando de terceros países donde los venezolanos hayan sido residentes o Colombia, que los ha “dejado transitar irregularmente”, por medio de la “inadmisión”, y estima que para ello va a haber “algún tipo de coordinación entre países”.
“Existiría una base jurídica, siempre y cuando, estos países se hagan responsables y existan las pruebas de que estas personas eran residentes legales y que tal vez no les brindaron facilidades (migratorias)”, explica en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Señala que este anuncio puede interpretarse, además, como un llamado a la “corresponsabilidad” de los Estados de crear facilidades para que las personas puedan acceder “un poco más fácil” a visados para llegar a los países de destino y así combatir a la delincuencia organizada transnacional, que “trata como mercancía” a los migrantes.
“Mientras no se creen las facilidades y los mecanismos para que las personas puedan migrar de forma legal, esto va a seguir pasando (…) Esto es un reforzamiento en las estrategias contra la migración irregular y sobre todo, contra las redes del crimen organizado, que se han aprovechado y han vulnerado a estas personas”, apunta.
Para Cornejo, dado la suspensión de relaciones de Panamá y su vecino Costa Rica con Venezuela, las opciones serían Colombia, que “no lo ve idóneo”, y Nicaragua, que vendría siendo la “más viable”, dado la afinidad entre el régimen de Daniel Ortega y Maduro, y que es uno de los pocos países que mantiene vuelos directos hacia Caracas.
Multas irreales
La multa por violación de puntos de control fronterizos está estipulada en la Ley de Migración de 2008, por montos que van desde $1,000 a $5,000. Sin embargo, el Gobierno lo comenzará a aplicar por una suma menor, que va desde los $300 hasta los $900, al tomar en consideración las “condiciones de vulnerabilidad” de la población que transita por el Darién.
Aunque resalta que Panamá se hace responsable de “muchos de los gastos” de la migración, la exsubdirectora de Migración no considera que “sean reales” los montos de estas multas. “Muchas de estas personas no vienen ni con 600 dólares, ni con 300 dólares. Tal vez un monto un poco menor, sí sería más real porque muchas de estas personas, que vienen con tanto esfuerzo y con el dinero contado, han sido robadas y hurtadas ”, apunta.
A juicio de Cornejo, en cambio, este decreto, que hace una disminución del monto de la sanción por razones “humanitarias”, es “insultante”, una “vergüenza” y evidencia, además, “de la manera más absurda”, que el Gobierno no puede manejar el “repunte” migratorio.
“Es indignante que el Estado panameño haya hecho en semejante decreto una reducción de 300 dólares para alguien que acaba de pasar una selva”, asevera.
Recuerda que muchas familias migrantes ni siquiera pueden costear los $60 por persona para movilizarse hacia Costa Rica. “Si se le complica con la situación de que no encuentran un tercer país para llevarlos, se va a agravar el atrapamiento social que están viviendo estas poblaciones, que no solamente son vulnerables, sino que han sido vulnerabilizadas y violentadas”, sostiene.
¿Criminalización de los migrantes?
El coordinador del servicio de migrantes de Fe y Alegría asegura que la población migrante, sometida a los “abusos” de los cárteles de la trata de personas y de la droga, ahora sufre la “violencia de Estado”, porque los Gobiernos que, al igual que los nazis en la Alemania socialista, aplican una estrategia política de “terror y miedo”.
“Es la misma estrategia que utilizaron los nazis de miedo, terror y criminalización de los judíos, es narrativa del enemigo público al que hay que combatir. Y el enemigo en este momento ni siquiera es la migración, es el migrante (…) Es la criminalización del ser humano simplemente por la necesidad de movilizarse”, denuncia.
Saravia, por su parte, defiende que a la “luz” de la legislación panameña, una multa, la deportación o expulsión son “medidas administrativas”, por lo que no representan una “criminalización» de los migrantes.
Considera que los países deben comprometerse a combatir a la delincuencia organizada, que se lucra de la migración. “Al migrante no se le puede criminalizar en torno a un derecho humano que es la migración, pero sí es deber de los países brindarle la seguridad para que migren en condiciones dignas”, subraya, al recordar que la extensa selva colombo-panameña no son lugares “aptos” para el tráfico de las personas, menos con presencia de cárteles del narcotráfico, como el Clan del Golfo.
Un problema regional
La exsubdirectora de Migración explica que, si bien Venezuela encabeza la migración irregular, en 2023 más de 16 nacionalidades transitaron por la selva. En este sentido, asegura que este es un “problema regional”, que requiere de la atención conjunta de los países, que han optado por “hacer de la vista gorda” e “ignorar” este fenómeno, que se encuentra en “convulsión” en el mundo, con más del 4% de la población mundial migrante.
“Esto requiere una atención conjunta de los países, incluso del país de destino mayoritario que es EEUU, porque al final si las personas van a seguir migrando de forma irregular sería lo óptimo generar más vías legales para que estas personas puedan migrar de forma legal”, sostiene.
Señala, además, que estas medidas deben ir acompañadas de otras destinadas a combatir a organizaciones del crimen trasnacional. “Una medida aislada por sí sola no hace nada, debe ir acompañada de otras para que puedan ser efectivas”, puntualiza.
Cornejo asegura que la administración de Joe Biden lo que hizo fue “delegar” la crisis migratoria, con el acuerdo “violatorio a los DDHH” que suscribió en víspera de las elecciones presidenciales, a celebrarse el 5 de noviembre, con Panamá, que también tiene una población migrante venezolana que “invisibiliza” ante la vulneración de sus derechos.
Ante esta coyuntura, el activista de DDHH contempla tres alternativas: La primera, que se resuelva la crisis postelectoral de Venezuela con “algún tipo de acuerdo”, que ponga fin a las sanciones que, considera, “afecta directamente a población vulnerable, no a la nomenclatura que gobierna”.
La segunda, que en el ámbito regional se acuerden medidas para ayudar a mitigar las precarias condiciones de los migrantes, con una “inversión de verdad” a las agencias que atienden la migración. Y, por último, que el mundo entienda el fenómeno migratorio como “algo mucho más complejo”.
“No solamente son pobres, que salen y se mueven. Hay toda una estructura económica que sostiene esto. Los cárteles de la droga, de la trata de personas; los Estados que se lucran, la corrupción que se crea en torno a este hecho y que afecta estas poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas”, enfatiza.
@ebritop22
