El gobierno argentino analizaba el martes la situación de los seis venezolanos asilados en su embajada en Caracas luego de que el gobierno de Nicolás Maduro emplazó al personal diplomático a dejar el país en 72 horas, medida que también aplicó a otras seis naciones de la región.
A su vez la cancillería argentina repudió en un comunicado “el hostigamiento de la que es objeto su sede diplomática… a partir de la decisión del régimen de Maduro de interrumpir el suministro eléctrico” y advirtió al gobierno de Venezuela “sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano indicó la víspera que el pedido obedece a “las injerencistas acciones” del gobierno del presidente argentino Javier Milei a la hora “de desconocer los resultados electorales” de los comicios del domingo en los que, según en Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro obtuvo la relección, un resultado desconocido por la oposición y varios países.
El portavoz presidencial argentino Manuel Adorni dijo sobre la situación de los opositores asilados —colaboradores de la campaña electoral de la líder opositora María Corina Machado y del candidato Edmundo González— que “de acuerdo con la Convención de Caracas cuando se retiran los diplomáticos deben retirarse los asilados” y que “no hay otra decisión que seguir protegiéndolos”.
Agregó que “con ellos estamos evaluando minuto a minuto cómo se desenvuelven los hechos y qué solución encontramos a esto”.
El martes uno de los asilados, Pedro Urruchurtu, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que “funcionarios de Corpoelec (la compañía estatal de electricidad) acaban de cortar el suministro eléctrico en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas, donde nos encontramos los 6 asilados”.
Según Maduro y sus aliados los opositores asilados estarían vinculados con una presunta trama para generar violencia de la que no ha presentado pruebas.
En marzo la Fiscalía General de Venezuela ordenó la aprehensión de nueve opositores, entre ellos la exjefa de campaña y mano derecha de Machado y otros militantes de Vente Venezuela, la organización política fundada por la exlegisladora.
El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre si concederá los salvoconductos necesarios para que puedan salir del país cuando se retire el personal diplomático de Argentina, pero Machado indicó en una rueda de prensa el lunes —en la que insistió en la victoria de la oposición— que había miembros de la fuerza pública de Venezuela apostados a las afueras de la embajada y que temía que pudieran incursionar en la sede para detener a los seis opositores.
A raíz de la presencia de uniformados venezolanos frente a la residencia del embajador argentino, la canciller argentina Diana Mondino se pronunció la víspera en una entrevista al medio La Nación y descartó que fueran a entrar por la fuerza.
“No va a ocurrir un asalto, porque sería tan exagerado”, apuntó. Si llegan a entrar, cuestionó Mondino, “sería un verdadero disparate porque no están cumpliendo de ninguna manera con las convenciones internacionales”.
Los otros países alcanzados por la decisión del gobierno de Maduro son Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La víspera el CNE proclamó oficialmente como presidente a Maduro, en su segunda reelección por seis años, después de difundir resultados que daban al mandatario la victoria electoral con 51% de los votos frente a 44% de los obtenidos por González.
La coalición a la que representó González en las urnas denunció graves irregularidades en el proceso de conteo de los votos y aseguró tener pruebas de su victoria electoral.
Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric condenó el martes la decisión del gobierno de Maduro de emplazar al personal diplomático a abandonar Venezuela y la calificó de “grave y profunda intolerancia”.
“Quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias”, dijo Boric en una rueda de prensa desde Emiratos Árabes Unidos donde se encuentra de visita.
Agregó que Chile brindará “todo el apoyo y asistencia” necesarios a los chilenos que viven en Venezuela, mientras que seguirá haciendo presión para que la voluntad expresada en las urnas sea respetada. El gobierno chileno confirmó poco después que llevará a cabo “en las próximas horas” los movimientos necesarios para la retirada de su personal del país caribeño.
Sin embargo, aseguró que, de momento, descarta romper relaciones con Venezuela. “Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943, con la Alemania nazi y Japón”.
Igualmente se pronunció el martes el gobierno de Uruguay, que consideró que la decisión venezolana es “una medida injustificada y desproporcionada que responde de forma intempestiva a la legítima preocupación planteada por nuestro país y por la comunidad internacional ante las irregularidades y la falta de transparencia constatadas en el proceso electoral”, indicó la cancillería en un comunicado.
El presidente panameño José Raúl Mulino anunció la víspera el retiro de su personal diplomático en Caracas y que pondría “en suspenso” las relaciones con Venezuela, la postura más fuerte de un gobierno de la región hasta el momento sobre las elecciones en ese país.
Horas después el gobierno venezolano dijo en un comunicado que suspendería temporalmente a partir del 31 de julio los vuelos comerciales desde y hacia Panamá y República Dominicana.
La víspera miles de venezolanos salieron a las calles en Caracas para protestar contra la reelección de Maduro y para el martes están previstas concentraciones en distintos puntos del país.
El miércoles el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará una reunión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela, que hace años resolvió unilateralmente retirarse del organismo.
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