A Sebastián Piñera, in memoriam
Según el informe de la OEA sobre las recientes elecciones en El Salvador, allí se desmanteló al Estado constitucional de Derecho –el vicepresidente reelecto declara que sí, que están eliminando la democracia para forjar “otro modelo”. Y en Venezuela, su dictador, escoge a dedo a su oposición e inhabilita a quien puede derrotarlo democráticamente, María Corina Machado. La Casa Blanca, sin embargo, celebra la reelección de Nayib Bukele, a contravía de la prohibición de reelección vigente y dice ocuparse, en cuanto a Caracas, de “procesos”, no de candidaturas.
La democracia vive, pues, una importante crisis frente a estas nuevas formas de “dictadura”; ya no con el empoderamiento de dictaduras militares sino bajo democracias de utilería que imponen regímenes de la mentira. Sus jueces le hacen decir a la ley lo que no dice, condenan a inocentes, exculpan a criminales que se asocian al poder, legalizan la ilegalidad.
Atrás queda la enseñanza de la Corte Interamericana, a cuyo tenor, “para favorecer sus excesos, las tiranías clásicas que abrumaron a muchos países de nuestro hemisferio invocaron motivos de seguridad nacional, soberanía, paz pública. Y con ese razonamiento escribieron su capítulo en la historia… Otras formas de autoritarismo, más de esta hora, invocan la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia (o la pobreza), para imponer restricciones a los derechos y justificar el menoscabo de la libertad”.
Así, en medio de la anomia social y la desvalorización del Estado de Derecho, avanzan otras formas políticas que imponen sus códigos y decisiones unilaterales a fin de resolver sobre asuntos cotidianos, separados de la Constitución. Y contando, además, con el recurso de las plataformas digitales, sus redes y la misma Inteligencia Artificial, imponen sus narrativas de deconstrucción al mundo de los sentidos con avieso desprecio de la razón, es decir, de la libertad.
Las dictaduras forjadas de tal modo y sobre las indicadas premisas, como lo dicta la experiencia, son los nichos propicios y a disposición de corrupción y la criminalidad globalizada que, en simbiosis con la política, usan como instrumentos de esta y para la lucha por el poder todo medio, incluido el sicariato. Ecuador y Fernando Villavicencio son emblemas protuberantes y recientes.
En línea con los textos de Antonio Gramsci estas rupturas constitucionales y las iguales rupturas con las tradiciones culturales judeocristianas que se observan a ambos lados del Atlántico son consistentes. Se hacen avanzar las disoluciones de lo social, dándole cabida a lo plurinacional, a las autonomías o “autono-suyas” y a las identidades de género u origen racial, explotadas por un pensamiento que se dice neomarxista y que se apalanca sobre la revolución tecnológica. Entretanto, los “narcisos digitales” desmontan las bases del Estado moderno y sus raíces democráticas representativas, para hacerse de Señoríos neo medievales y a perpetuidad.
“La revolución de Gramsci –cabe recordarlo– es entendida como un proceso que es precedido por un cambio en las ideas dominantes (la nueva hegemonía cultural) … [Es] por lo tanto superadora del jacobinismo, como corriente de pensamiento que busca imponerlas desde arriba, desde la ocupación del poder por parte de una minoría iluminada”, explica Juan Pedro Arosena (Gramsci, su influencia en Uruguay, 2022). Y citando al sociólogo neogramsciano argentino J. C. Portantiero observa que “«hegemonía» tiene tantas (o más) potencialidades totalitarias que «dictadura»”; de donde refiere que el propio Gramsci critica a los socialistas haciéndoles ver que es un error creer en la perpetuidad de las instituciones democráticas y la necesidad de respetar sus fundamentos – para modificarlas desde adentro, como lo cree el “cretinismo parlamentario”.
En Gramsci “la conquista del Estado equivale a la creación de un nuevo tipo de Estado”, de allí las constituyentes y, aún más, la apelación al uso ambiguo de los conceptos constitucionales y democráticos, como “profundización democrática, radicalización de la democracia o reformas democráticas radicales”, que no son otra cosa, según Arosena, que “un camuflaje semántico que trata de esconder el tránsito hacia un gobierno autoritario que todo marxista persigue en última instancia y que es algo que alcanza también a los autores posmarxistas y neogramscianos de nuestros días”.
En suma, mientras unos apuestan a la reducción del Estado como Javier Milei en Argentina, otros impulsan su macrocefalia, como los integrantes del Grupo de Puebla, sin persuadirse ni uno ni otros que la desaparición de los fundamentos históricos e intelectuales de la organización social y política y para la administración de reglas compartidas cultural y políticamente, elaboradas sobre la experiencia temporal y localizadas, al cabo conspira contra las mismas bases existenciales del Estado moderno, sea liberal o autoritario. Están siendo aislados, como se constata, ante la avalancha de las realidades virtual e instantánea, generadas por la tercera y la cuarta revoluciones industriales, es decir, por la gobernanza global.
Joseph Aloisius Ratzinger, Papa Emérito recién fallecido, no fue ajeno a lo inevitable de la reforma del Estado contemporáneo, pero la sitúa en su adecuado contexto, sin demeritarlo. “En nuestra época, dice, el Estado se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones que pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comercial y financiero internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales financieros y los medios de producción materiales e inmateriales. Este nuevo contexto ha modificado el poder político de los Estados”, explica.
“Hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis económica actual, en la que los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a corregir errores y disfunciones, parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de ejercerlos. Con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es previsible que se fortalezcan las nuevas formas de participación en la política nacional e internacional que tienen lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil”, finaliza.
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