Fotografía cedida por la Presidencia de Brasil que muestra a Nicolás Maduro (i) y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (d), durante una reunión bilateral en la cumbre de la Celac, este viernes en Kingstown (San Vicente y las Granadinas). EFE/ Ricardo Stuckert/ Cortesía Presidencia de Brasl/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La cronología del destino no está del lado de Lula. Al mismo tiempo que en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en San Vicente y las Granadinas el presidente brasileño estrechaba sonriente la mano de su homólogo Nicolás Maduro, el cadáver del teniente venezolano Ronald Ojeda era hallado en Chile.
Maria Zuppello
Huido a Santiago en 2017 por ser opositor al régimen chavista, Ojeda había sido secuestrado en su domicilio el 21 de febrero por encapuchados que se hicieron pasar por agentes de la policía migratoria chilena. Definido por muchos disidentes y analistas como el Plan Cóndor de Maduro (en referencia al plan implementado por Estados Unidos en función antisoviética y llevado a cabo en los años 70 por las dictaduras latinoamericanas de derecha) según la oposición venezolana el secuestro fue llevado a cabo por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), infiltrados en territorio chileno.
Ojeda había recibido asilo del gobierno de Gabriel Boric a finales de 2023 y había protestado frente al Palacio Presidencial de la Moneda exigiendo la liberación de sus compatriotas presos políticos en Caracas y el fin de las negociaciones entre la oposición y el chavismo. Por eso, sólo el mes pasado el gobierno de Venezuela declaró a Ojeda y otros soldados venezolanos exiliados en el extranjero “traidores al país”. Ojeda antes había sido detenido por una presunta conspiración en contra del dictador Nicolás Maduro, torturado y acusado de traición a la patria sin el debido proceso. Al final consiguió escapar de Venezuela hasta llegar a Chile.
Su caso alertó a la comunidad de disidentes venezolanos residentes en Brasil, en particular a ex militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), unos 900 según estimaciones no oficiales. Muchos de ellos, tras el secuestro de Ojeda, empezaron a cambiar las rutinas de sus familias e incluso sacaron a sus hijos de la escuela. “Desde que vivo en Brasil siempre he tenido miedo de que me secuestraran o me mataran”, declaró uno de ellos de forma anónima al diario O Globo. “Cuando se lo conté a las autoridades brasileñas me dijeron que exageraba, pero el caso de Ojeda ha confirmado que nuestro temor es fundado. Estamos tratando con criminales”, denunció el ex militar. La mayoría de ellos llegaron a Brasil en 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó. “Ahora tememos que Maduro pida la colaboración de Lula, alegando que los militares que vivimos en Brasil formamos parte de una conspiración inexistente para derrocar al gobierno venezolano”, dijo con miedo uno de ellos a O Globo.
No han faltado ocasiones en las que Lula ha revelado toda su ambigüedad en su relación con el chavismo venezolano. El 29 de mayo de 2023, tras la visita de Maduro a Brasilia, el presidente brasileño declaró a la prensa que su colega venezolano era víctima de una “narrativa” urdida por sus enemigos, mientras que en una entrevista en junio, al ser preguntado por la ausencia de democracia en Venezuela, llegó a relativizar la propia noción de democracia. “El concepto de democracia es relativo para usted y para mí”, respondió. Tras la congelación de las relaciones durante el gobierno de Bolsonaro, con Lula Venezuela y Brasil retomaron y reforzaron su colaboración. En una declaración conjunta de 55 puntos firmada el año pasado, en el punto 54 ambos países se comprometen a “apoyar la promoción y protección de los derechos humanos”. Sin embargo, recordemos que el 15 de febrero Maduro cerró la oficina de derechos humanos de la ONU en Venezuela, mientras que el viernes la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el último recurso presentado por la dictadura venezolana para que se desestimara la investigación en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
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