Nicolás Maduro, habla durante la campaña de cierre antes del referéndum para la defensa del territorio del Esequibo en Caracas, el 1 de diciembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)
La historia de la turbulenta relación que desde hace más de 15 años mantiene Venezuela con las transnacionales petroleras acaba de iniciar un nuevo capítulo.
ÁNGEL BERMÚDEZ || BBC MUNDO
El pasado 5 de diciembre, Nicolás Maduro anunció que propondría una ley especial que prohíba la contratación de “empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar” entre ambos países.
“Propongo tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones”, dijo Maduro acerca de la norma que busca dificultar que Guyana prosiga con los proyectos petroleros que está desarrollando frente a las cosas del Esequibo, un territorio que controla Georgetown pero que Caracas reclama como propio.
El anuncio del líder del chavismo se produjo dos días después de que se realizara un referendo para consultar a los ciudadanos, entre otras cosas, sobre la creación de un estado venezolano en ese territorio disputado, así como sobre el rechazo al laudo arbitral de París que en 1899 fijó las fronteras entre ambos países, pero que Venezuela considera nulo.
En 1962, Venezuela reactivó ante la ONU su reclamo por el Esequibo y denunció el laudo arbitral. Eso llevó a que en 1966 se suscribiera el Acuerdo de Ginebra, a través del cual Venezuela y Guyana quedaron comprometidos a buscar una solución práctica y satisfactoria para el diferendo.
Pero en vista de que el mecanismo de buenos oficios al que recurrieron durante más de un cuarto de siglo no había permitido llegar a una solución, Georgetown pidió en 2013 llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde será decidido.
Al mismo tiempo, Guyana comenzó a otorgar concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas sobre las cuales Venezuela considera tener derechos.
El régimen de Maduro rechaza la jurisdicción de la CIJ y parece intentar detener la explotación petrolera por parte de Guyana, amenazando a las transnacionales que recibieron esas concesiones.
Su ultimátum, sin embargo, puede tener también efectos negativos sobre la producción petrolera en Venezuela.
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