El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emprendido una cruzada para abaratar los costes sanitarios para sus ciudadanos. Impuso un límite al coste mensual de la insulina y aprobó poderes para negociar con las grandes farmacéuticas el precio al que el sistema público de salud les compra los medicamentos. El último paso ha sido el aviso de que su Administración tiene autoridad para confiscar las patentes de fármacos que se hayan beneficiado de ayudas públicas en su desarrollo y conceder licencias a otros fabricantes si los precios son demasiado caros.
Por El País
La Administración ha presentado este jueves un nuevo marco para que las agencias estadounidenses utilicen los denominados derechos de intervención. El propio Biden ha explicado en qué consiste: “Mi Administración propone que si un medicamento fabricado con fondos de los contribuyentes no está razonablemente al alcance de los estadounidenses, el Gobierno se reserve el derecho de intervenir y conceder la licencia de ese medicamento a otro fabricante que pueda venderlo por menos dinero”, ha tuiteado.
“Se trata de un paso importante para acabar con los precios abusivos de las grandes farmacéuticas. Es bueno para la competencia. Es bueno para nuestra economía. Y es bueno para los millones de estadounidenses que no pueden permitirse sus medicamentos, que conocen demasiado bien esa delgada línea que separa la dignidad de la dependencia que puede trazar el precio de un medicamento de venta con receta”, ha añadido.
El cambio se produce meses después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Comercio anunciaran a principios de este año un esfuerzo por revisar la aplicación de la Ley Bayh Dole, una norma de 1980 que permite a las organizaciones poseer, patentar y vender productos investigados y desarrollados con ayuda de financiación federal.
La autoridad de la Administración para intervenir puede activarse si un producto financiado por los contribuyentes no se pone a disposición del público en “condiciones razonables”, pero hasta ahora no se había utilizado nunca para controlar los precios de los productos farmacéuticos. Algunos legisladores demócratas, entre ellos las senadoras Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Amy Klobuchar, de Minnesota, y el representante Lloyd Doggett, de Texas, han presionado en los últimos años al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que sea así.
“Por primera vez en la historia, el elevado precio de ese medicamento financiado por los contribuyentes es un factor para determinar que el fármaco no es accesible al público en condiciones razonables”, dijo la asesora de política interior de Biden, Neera Tanden, en declaraciones recogidas por Associated Press. Al anunciar la medida, la Casa Blanca no ha detallado cómo funcionará el proceso y cómo considerará que un medicamento es lo suficientemente caro para actuar. Tampoco se han identificado por ahora los medicamentos que podrían ser objeto de la medida.
Lea más en El País
