La semana pasada el presidente Petro enfrentó la segunda ola de protestas en contra de su administración en menos de dos meses, en esta oportunidad, por parte de mineros y campesinos que rechazan sus recientes políticas ambientales.
En el caso de los agricultores, manifestaron en contra del Decreto 044 de 2024, que crea reservas naturales en áreas de ecosistemas estratégicos, y de la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, que el Gobierno recién comienza a implementar y limita las actividades agrícolas y de producción en los páramos del Santander, Norte de Santander y Boyacá (noreste).
Mientras que los mineros bloquearon las carreteras de Antioquia, Córdoba, Chocó y Caldas (noroeste) para exigir la derogación del artículo 5 de la Ley 1930, que prohíbe la explotación minera en los páramos, y en protesta al Decreto 044 y al Decreto 1035 de 2024, que da luz verde a las fuerzas públicas para destruir maquinaria amarilla de minería ilegal.
Pese a que el Gobierno anotó un “gol” al frenar, en más 30 horas de intensas negociaciones, las protestas que paralizaron por cinco días siete regiones del país, el acuerdo alcanzado con ambos sectores no resuelve el problema de fondo: la derogación de los decretos 004 y 1035, suscritos por el mandatario, en conjunto con las carteras de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía.
“El conflicto sigue latente (…) En el corto plazo no lo veo (que revivan las protestas), en el mediano plazo sí porque, inclusive, una política pública que le sirva a los mineros legales no puede ser implementada. El presidente Petro tiene un choque fuerte con alcaldías y con gobernaciones”, expresa el analista político y profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, Germán Sahid, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Un conflicto étnico-social
El analista explica que a diferencia del paro de camionero, registrado entre el 1 y 6 de septiembre, que se trató de un tema de desfinanciamiento del Gobierno, la huelga de campesinos y mineros obedecen a temas más políticos del presidente, quien ante la imposibilidad de gestionar políticas públicas y proyectos de leyes en el Congreso, emitió estos decretos con la finalidad de “volver más eficientes su toma de decisiones”.
Con estos decretos, afirma, el Gobierno está generando un “conflicto étnico y social” en el territorio colombiano, que afecta a las comunidades afro, campesinas, indígenas y mineras, con los cambios que busca implementar en ciertas áreas geográficas de Colombia, que modifica la “lógica de acceso, uso y propiedad de la tierra”.
En donde hay más problemas de derechos de propiedad y de conflicto social, destaca Sahid, es en las zonas mineras, donde se explota oro, plata y platino, entre otros.
Detalla que en Colombia existen cuatro tipos de minería, la industrial a gran escala, que vendría siendo la minería legal; la artesanal, que es la que hacen los pobladores en ciertas regiones; la ancestral, que realizan las comunidades indígenas y afro; además de la minería ilegal, en manos de grupos guerrilleros y del narcotráfico, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo.
“Como se juntó el tema de la COP, uno de los objetivos principales de Petro es la defensa del agua y los recursos hídricos (…) Entonces, se juntó con un nuevo decreto que, para combatir la minería ilegal, decide titularizar la minería ilegal y, al mismo tiempo, permitirle a la fuerza pública, especialmente a las fuerzas militares, quemar la maquinaria amarilla que utiliza la minería ilegal. Y ahí es donde comienza el problema”, sostiene.
Los mineros industriales y los mineros ilegales, principalmente, son los que ven afectados sus intereses. Por un lado, la minería legal ve cómo el Gobierno busca darle más capacidad a los artesanales y ancestrales, mientras que los ilegales ven amenazadas sus maquinarias, ahora que las fuerzas militares tienen potestad otra destruirlas. Todo esto, afirma el analista, genera una “conflictividad social”, que el Gobierno no tiene forma de solucionar.
Sahid indica que al regularizar o prohibir ciertas áreas para extraer oro, se le dan más o menos capacidades a mineros o campesinos, creando un “choque” por la productividad y el control de los territorios entre ellos, al que se suman los grupos armados organizados.
Lo ilegal repercute en lo legal
El profesor universitario señala que en las zonas mineras la economía ilegal, proveniente de la extracción ilícita de minerales, repercute en las economías legales, por lo que, a su vez, el conflicto generado por los decretos de Petro terminan afectando a las alcaldías y gobernaciones.
“Ese dinero que proviene de la extracción del oro entra por regalías directamente a los gobiernos locales o municipales, y no al gobierno nacional. Entonces, genera un nuevo conflicto entre los diferentes niveles de la administración pública y es parte de todo el conflicto institucional y social que crea el presidente Petro con esas políticas”, apunta.
De acuerdo con Sahid, alrededor del 90% del oro que exporta Colombia proviene de la minería ilegal, en vista de que en la nación cafetera aunque la extracción ilícita es un delito, la comercialización es legal sin importar “de dónde salga”.
“Lo que motivó el paro minero es el decreto donde se le permite a las fuerzas militares quemar la maquinaría amarilla”, indica. De este escenario ya existía un antecedente del año pasado en Carepa, Antioquia (noroeste), donde la quema de camiones mineros causaron una “explosión” social.
“Carepa explotó socialmente porque está el control de lo legal a partir de lo ilegal. Cuando el Ejército se metió, se le tiró todo el negocio legal a la gente porque hasta la panadería de la señora del pueblito depende de lo ilegal. Lo ilegal controla lo legal”, resalta.
Sin herramientas para contenerlo
Pese a que descarta que revivan las protestas en los próximos días, por la celebración de la COP, considera que el conflicto se mantiene “latente”.
Esto, debido a que el Congreso no logra avanzar en los proyectos de ley para redactar un nuevo código minero, por el decreto presidencial que convierte las comunidades indígenas en comunidades sostenibles, que genera políticas públicas relacionadas con el medio ambiente; y por las actividades de extracción ilícita de minerales que están aumentando “increíblemente” a manos de grupos armados organizados, que ven “más rentable” la minería ilegal que el propio narcotráfico.
“El gran problema es la conflictividad que se está generando por las políticas públicas y no hay una solución de conflicto (…) En la medida en que el Gobierno intervenga o quiera regularizar la extracción ilegal, pues los grupos armados van a comenzar en círculos de violencia en los territorios para no les quiten ese método de financiamiento, que es el que hoy en día les está dejando más capacidad para comprar armas y demás”, subraya.
No obstante, destaca, el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para contener la minería ilegal, en vista de que no posee oficinas mineras en las ciudades regionales, y el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Mineros y el Registro Único de Mineros no tiene la capacidad para ir a los territorios y verificar los títulos mineros.
“Hay una corrupción sistemática del uso de títulos mineros y el Estado colombiano no tiene la capacidad de infraestructura institucional para efectivamente controlar el fenómeno”, sentencia.
@ebritop22
