CIUDAD DE GUATEMALA.- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó este jueves una solicitud presentada por la fiscal general, Consuelo Porras, que buscaba retirar la inmunidad del izquierdista presidente Bernardo Arévalo para poder procesarlo, en medio de crecientes tensiones políticas en el país.
El fallo unánime de la Corte desestimó la petición de Porras, quien argumentaba que Arévalo y algunos de sus funcionarios habían incumplido una orden judicial que les impedía tomar acciones contra la fiscal y su equipo. Esta disputa intensificó la confrontación entre ambos actores desde que Arévalo asumió la presidencia en enero de 2024.
Porras, quien fue señalada por presuntos actos de corrupción, se enfrentó a críticas tanto dentro como fuera de Guatemala. Estados Unidos y la Unión Europea calificaron de “corrupta” y condenaron sus intentos de socavar el gobierno de Arévalo, particularmente a través de su persecución al partido Movimiento Semilla, que fue suspendido legalmente.
El presidente Arévalo es uno de los críticos más directos de Porras, a quien él considera una «amenaza», según su juicio, para la democracia guatemalteca. A pesar de no tener la facultad de destituirla, el mandatario exigió su renuncia en varias ocasiones, señalando sus vínculos con el gobierno anterior y su papel en la supuesta erosión del Estado de derecho en el país. En respuesta a los intentos de Porras, Arévalo presentó una solicitud a la Corte Suprema para que se le retirara la inmunidad a la fiscal, pero esta petición también fue rechazada.
El conflicto entre Arévalo y Porras tiene raíces profundas en el sistema de justicia de Guatemala, que ha sido objeto de controversias durante los últimos años. Porras promovió investigaciones contra periodistas, jueces y activistas que investigaron casos de corrupción durante el mandato del expresidente Alejandro Giammattei, lo que generó preocupación sobre la independencia judicial y el uso de la ley como un arma política.
A pesar del bloqueo de la Corte Constitucional a los intentos de Porras, el presidente Arévalo continuó impulsando reformas. En mayo, presentó un proyecto de ley que busca otorgar al Ejecutivo la facultad de remover a la fiscal general, pero la iniciativa no ha avanzado en el Congreso, lo que mantiene a Porras en su cargo hasta el final de su mandato en 2026.
Con este nuevo fallo, el panorama político de Guatemala sigue marcado por la incertidumbre, mientras las instituciones enfrentan un clima de desconfianza y polarización.
FUENTE: Con información de AFP
