Impulsada, en una acción bipartidista, por 11 representantes republicanos y cuatro demócratas para reforzar las sanciones, la legislación ya es centro de dudas y controversia sobre su alcance y verdadero impacto. Y esto podría despejarse una vez que reciba el visto bueno del Senado, a partir del 20 enero, tras la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.
Mientras analistas señalan que la Ley Bolívar intenta cortar el “salvavidas financiero” al régimen de Maduro, otros, en contrario, sostienen que no endurecerá las sanciones ni afectará a empresas petroleras estadounidenses claves que operan con licencia en Venezuela, como Chevron.
“El efecto de la Ley Bolívar va a depender de la estrategia que fije el Departamento del Tesoro, porque ellos pueden ampliar el espectro de restricciones financieras, según la situación que se presenta, entre ellas la congelación de bienes y limitaciones desde el punto de vista bancario internacional”, puntualiza Miguel Ángel Martí, abogado y analista político.
La decisión puede ser adoptada también por Europa, según su análisis jurídico. “Todo dependerá de cómo se desarrolle la política exterior de EEUU frente a Venezuela”.
Aunque para el hipotético vigor de la Ley Bolívar faltan poco más de 40 días, el régimen de Maduro reaccionó en forma violenta contra la legislación. Adelanta no solo la aprobación de un proyecto legislativo, de nombre similar, que busca enjuiciar a opositores que estén a favor de la norma e incautar sus bienes, sino también un proceso penal contra la líder María Corina Machado por traición a la patria, por apoyar la iniciativa norteamericana.
En el transcurso del último año, EEUU advirtió a Maduro, de forma recurrente, de la imposición de nuevas sanciones para presionar por una solución democrática que ponga fin a la crisis política y económica de Venezuela. En octubre, la Casa Blanca reiteró que dictaría medidas drásticas si el régimen no publicaba las actas” de la elección presidencial del 28 de julio, pero Maduro, en el poder, no cumplió.
¿Qué dice la Ley Bolívar?
La ley ΗΡ 825 IH, un proyecto que fue presentado en febrero de 2023 por un grupo de congresistas, entre ellos Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, establece en su artículo 1 la prohibición de contratar con personas que tienen operaciones comerciales con el régimen de Maduro.
Define por operaciones de negocios “involucrarse en comercio de cualquier forma, incluida la adquisición, desarrollo, mantenimiento, apropiación, venta, posesión, arrendamiento u operación de equipos instalaciones, personal, productos, servicios, bienes muebles e inmuebles o cualquier otro aparato de negocios o comercio”.
Si bien la ley establece “excepciones” con el fin de proporcionar asistencia humanitaria a la población de Venezuela o proporcionar alivio por desastres, “y otras medidas urgentes para salvar vidas”, hace énfasis en la prohibición.
Pero esta no se aplicará a los contratos que apoyen las actividades del gobierno de EEUU en Venezuela, “incluyendo aquellas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones del gobierno de EEUU o para contratos con organizaciones internacionales”.
Ni tampoco “a una persona que tenga una licencia válida para operar en Venezuela, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”. Es el caso de Chevron, entre otras empresas que operan.
¿Sanciones más severas?
En contraste con la visión más drástica de observadores, expertos sostienen que la Ley Bolívar no implicará un “golpe de timón” en la política de EEUU hacia Venezuela.
“Ley Bolívar no quiere decir que se vayan a reimponer sanciones más severas, ni que Chevron tenga que abandonar Venezuela”, señala el analista económico y político Tobías Socias, quien advierte que la política de Trump se enfocaría no tanto en sanciones al estilo de la administración Biden, sino al control de los recursos petroleros en un enfoque estratégico.
En octubre, Chevron, una de las más importantes petroleras de EEUU, obtuvo por parte de la OFAC la renovación de la Licencia General número 41 para continuar sus operaciones en Venezuela hasta abril de 2025. Lo mismo que la foránea Repsol.
Un mes después, la Oficina del Departamento del Tesoro prorrogó por seis meses la licencia a las empresas de servicios petroleros Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International para seguir operando en Venezuela, hasta el 9 de mayo de ese año.
Corresponderá a Trump decidir su continuación.
Interés petrolero
“Hay que tener claro que en EEUU, a diferencia de Venezuela, las leyes están sujetas a interpretaciones que no son solo judiciales sino también administrativas. El Departamento del Tesoro es el que debe determinar qué empresa o actividad está dentro del marco de la Ley Bolívar y cual no; decidirá si respeta, modifica o revoca la licencia en el marco de la ley. Todo va a depender de los intereses energéticos norteamericanos y de la política con Venezuela”, explica Martín.
Luego de considerar que para el gobierno de EEUU “siempre son interesantes millones de barriles de Venezuela” y que reporta beneficio a ambos lados, dice que, si la Ley Bolívar significa o no un recorte financiero, eso dependerá de la estrategia que fije la OFAC.
“La facultad que tiene la administración norteamericana se amplía para tomar decisiones de restricciones financieras, entre ellas congelación de bienes y restricciones del punto de vista bancario internacional”.
Más represión por la legislación
Ante la falta de certeza sobre los efectos que la Ley Bolívar puede causar en Venezuela, la reacción del régimen de Maduro contra la legislación no es inesperada, según Martín. Mientras, el próximo gobierno de Trump se dedica exclusivamente a la transición y se prepara para la acción a partir del próximo 20 de enero.
“Es propia de los campos de concentración. Todo aquel que apoye y promueva la ley americana podrá ser objeto de procesos judiciales, congelación de bienes, retiro de la nacionalidad. Recordemos que es un Estado Policial y si alguien actúa contra sus políticas, cualquiera que estas sean, entra en el marco de los códigos venezolanos. Para Maduro y su gente todo el mundo tiene que estar derechito”.
La ley chavista puede alcanzar incluso al exilio venezolano, advierte el experto. “Pueden congelar bienes de personas que están fuera de Venezuela e inclusive llegarle a las familias, como ha ocurrido”. Y puede ser también una excusa más para endurecer la represión.
“Más que si es grave o no la Ley Bolívar, ellos tienen el temor de que esta nueva legislación, como complemento de las que restringen negociaciones con el régimen de Maduro, pueda aumentar las restricciones y la presión no solo comunicacional, diplomática, sino también fáctica, que se congelen las cuentas y se persigan las trazas del crimen trasnacional. Ellos lógicamente necesitan tener una respuesta y arremeten de esa manera, pero también necesitan una narrativa dentro del país”.
FUENTE: Entrevista a Miguel Ángel Martín con información de Infobae, MundoUr.
