Fotografía de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez
Este lunes la Contraloría General de Venezuela expuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las razones de la inhabilitación política impuesta a la líder María Corina Machado, un requisito que solicitó el órgano de justicia antes de dictaminar un veredicto sobre la sanción a la opositora.
Por Ana María Rodríguez Brazón | EL TIEMPO
Este paso se da luego de que la oposición y el chavismo acordaron en las negociaciones con Estados Unidos revisar las inhabilitaciones que impiden, en el caso de Machado, que se postule a las presidenciales de 2024.
Para todos los opositores con esta sanción, el plazo para acudir al Supremo a solicitar su eliminación era hasta el 15 de diciembre. Hasta último momento Machado se negó a acudir. Incluso, un día antes le dijo al medio colombiano El Tiempo que no iría al TSJ.
Sin embargo, ese 14 de diciembre, pasadas las 3:00 pm, Machado llegó al TSJ con sus abogados “no para pedir la eliminación de la inhabilitación” sino para “introducir una demanda contra un procedimiento que no existe”.
Ante esto, el organismo, según la ley, tenía tres días para pronunciarse, por lo que envió una petición a la Contraloría -lugar que emanó la inhabilitación- solicitando conocer la medida.
El TSJ indicó este lunes que el pasado jueves recibió documentación por parte de la Contraloría, “dando cumplimiento» al procedimiento que lleva adelante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal.
Si hubo procedimiento y no notificación, la acción de amparo debería ser admitida por el TSJ porque se le violaron sus derechos constitucionales.
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