Heberto, 66 años, un campesino del municipio Artemisa, región de tierra fértil y rojiza, a 60 kilómetros al oeste de La Habana, luego de ver la espantosa escena se quitó su sombrero de yarey alzó la vista al cielo y en voz baja imploró clemencia.
“Por alguna razón que no comprendo, el pueblo cubano está maldecido. En los últimos años nada nos sale bien. Tenemos que soportar un gobierno inútil, el colapso de los servicios públicos y una crisis económica que no escampa”, dice en tono molesto.
La furia de los vientos del huracán Rafael arrancó de raíz decenas de arbustos frutales y destruyó toda su cosecha. “Más de un millón y medio de pesos (unos 3,500 dólares) tirados por la borda. Cuatro meses de esfuerzo perdido. Volver a empezar de nuevo es complicado. Sin un crédito bancario, pagando el abono y el fertilizante a precio de oro y con un déficit de combustible terrible que impide roturar la tierra y afecta al rendimiento productivo”, señala el campesino.
Heberto, dueño de un pequeño latifundio, forma parte de ese grupo de granjeros privados que cultivan el 25 por ciento de la tierra y producen el 80 por ciento de los productos agrícolas que se consumen en la Isla. A pesar de su rentabilidad, el régimen los encasilla como sospechosos habituales. No son de fiar. En tiempos de buenas cosechas, pueden ganar millones de pesos trabajando la tierra honradamente. Y eso en un país dictatorial como Cuba es considerado ‘muy peligroso’.
Gracias a su trabajo, Heberto mejoró la calidad de vida de su familia. «Tengo una casa de placa confortable, unn auto, un tractor, regadío por goteo y pude cercar la propiedad. Todo eso con mi esfuerzo. El Estado no me cubre las pérdidas en caso de temporales o ciclones. Las herramientas de trabajo me las vende en divisas. En países del primer mundo, cuando ocurren desastres naturales, los agricultores reciben subsidios gubernamentales. En Cuba eso no ocurre. Están jugando con la comida del pueblo. Esta gente -el régimen- prefiere invertir en hoteles que en la producción de alimentos”, afirma Heberto y vaticina:
“Los próximos meses serán durísimos. Entre las medidas y controles mal aplicados por el gobierno, que ha provocado bajas cosechas y que apenas se produzca leche, carne de res y de cerdo, más los estragos del huracán Rafael, para fin de año una libra de frijoles negros puede costar 800 pesos y 300 pesos la de malanga. Sin dinero, sin fertilizante ni tractores es imposible que las cosechas crezcan”, indica el agricultor artemiseño.
En un intento por atajar la subida de los precios de los alimentos, las autoridades decretaron un tope. El sábado 9 de noviembre, cientos de inspectores estatales salieron a fiscalizar y multar a los incumplidores.
En el agro de 19 y B, Vedado, uno de los mejores surtidos de La Habana, conocido como ‘la boutique’ por sus elevados precios, un dependiente cuenta a Diario Las Américas que “los inspectores pusieron multas de hasta 30 mil pesos. Querían que se vendiera la malanga a 100 pesos la libra y la de tomates a 250. Imposible. O son tontos o se hacen. Si hay tomates, limones y hortalizas es porque hay personas que junto con los finqueros (dueños de fincas agrícolas), invierten cientos de miles de pesos en las cosechas”, explica y añade:
“Mientras la estatal Acopio paga una miseria a los campesinos, que a veces se pasan meses sin cobrar, los particulares pagan al cash. Además arriesgan su dinero, pues suelen contratar cosechas completas antes de sembrarlas. Y cuando se pierden por causa de un ciclón, nadie los indemniza. Por culpa de la inflación, el alza de precios de los combustibles y las malas estrategias del gobierno para incentivar la producción agrícola, el emprendedor privado tiene que pagar cada vez más caro a los jornaleros, el almacenamiento y la transportación a la ciudad. Los precios actuales los dicta la oferta y la demanda. Si se invirtiera más por parte del Estado en producción agrícola y elaboración de alimentos, la leche, las carnes y las viandas estuvieran botadas en Cuba”.
Tras el paso del huracán Rafael, ya los precios comenzaron a dispararse. El cartón de huevos ronda los 3,500 pesos y las frutas y verduras aumentaron un 10 por ciento.
Roly, almacenero de un agromercado al sur de la capital, considera que “lo que viene es de apaga y vámonos. Los militares de GAESA no quieren invertir en producir alimentos. Es costoso y no les resulta rentable, porque tienen que comprar los abonos, fertilizantes y combustibles en dólares y los alimentos tienen que venderlos en pesos. Les resulta más fácil importarlos y revenderlos en las tiendas MLC con tasas superiores al 240 por ciento. A los pocos meses les entran millones. La población se queja, pero la necesidad los obliga a comprarlos en esas tiendas. El hambre es tremendo negocio para el gobierno”.
El miércoles 6 de noviembre, el huracán Rafael, de categoría 3, entró y salió por Artemisa. Permaneció dos horas sobre ese territorio, dejando destrozos millonarios en la agricultura, infraestructuras energéticas y miles de viviendas dañas en las provincias de Artemisa y Mayabeque.
Aldo, residente en Artemisa, se queja de que llevan «más de cien horas sin luz y sin agua. Y nadie del gobierno pasa por aquí y nos dice cuándo tendremos electricidad. A muchas personas se le echaron a perder los alimentos. Es insoportable».
En la provincia Pinar del Río, donde los embates de Rafael apenas se sintieron, “debido a las torres de alta tensión derribadas en Artemisa no tenemos luz hace cinco días. La gente está que arde. Los pinareños siempre pagamos el pato, pase o no pase un ciclón. No tenemos agua, comida ni medicamentos. Tampoco cojones para protestar”, comenta un vecino del poblado de Viñales.
En La Habana, el paso del huracán provocó el derrumbe de 461 edificios de viviendas, daños en decenas de escuelas y hospitales y la caída de un gran número de árboles, a pesar que los vientos máximos no superaron los 100 kilómetros por hora. El domingo 10 de noviembre, el 80 por ciento de los capitalinos tenían electricidad, pero faltaba el agua potable en casi todos los municipios. Cuatro días después, los arbustos no habían sido recogidos y los enormes y pestilentes basureros seguían en las calles.
“A los habaneros los llevan más suave. Se lo han ganado. Son los que más salen a protestar contra el gobierno. Por eso les quitan menos la luz y no demoran en ponerles el agua. Eso no pasa en Santiago de Cuba. Estuvimos cinco días sin luz y llevamos dos meses sin agua. Si no nos rebelamos, nos matan de hambre”, expresa un santiaguero de Songo La Maya.
La crisis energética y el hambre incidieron para que cientos de residentes del municipio Encrucijada, provincia Villa Clara, el viernes 8 de noviembre marcharan a protestar ante la sede de la asamblea municipal del Poder Popular. En otras localidades del país también hubo protestas callejeras y caceroladas. Como ya ocurrió el 11 de julio de 2021, la respuesta del régimen fue vender miedo, represión y cárcel.
Justicia 11 J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, confirmó que más de una decena de personas han sido detenidas en 14 protestas originadas tras el paso del huracán Rafael. Y condenó la declaración de la Fiscalía General de la República, el 9 de noviembre, anunciando la tramitación de procesos penales por presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila.
“Esa actitud de las autoridades es la que más fastidia al pueblo. Nos tienen pasando trabajo, con apagones de un montón de horas, sin agua y sin comida y no quieren que la gente proteste y se desahogue. Solucionan todo con detenciones, juicios ejemplarizantes y prisión. Algún día van a pagar por tantos abusos”, augura un jubilado que vive cerca de los edificios 20 plantas, en el municipio habanero del Cerro y cuyos vecinos, luego de tres días sin luz ni agua, decidieron sonar los calderos.
En el arte de reprimir, la dictadura siempre se supera a sí misma. 2024 ha sido un año muy duro. Otro más. Los cubanos se preguntan cuándo llegará el fin del castrismo.
