MIAMI. – Una reciente moción de desestimación presentada por la defensa de Mark Rossini, uno de los coacusados en el caso de corrupción que involucra a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, arroja nuevas luces sobre este complejo caso legal.
El caso se centra en acusaciones de corrupción contra Vázquez Garced, quien fungió como gobernadora de Puerto Rico desde 2019 hasta 2021; Mark Rossini, un exagente del FBI; y Julio Herrera Velutini, un banquero venezolano-británico propietario de Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
Según la acusación federal, los tres habrían conspirado para influir en la destitución del entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, y en el nombramiento de Víctor Rodríguez Bonilla como su reemplazo.
Supuestamente, según la acusación, esto se habría hecho a cambio de apoyo financiero para la campaña electoral de Vázquez Garced en 2020, una presunción que rechazan los implicados en la investigación.
Argumentos de la defensa
La moción presentada por la defensa de Rossini alega que las acciones de los acusados no constituían corrupción, sino -esclarece- cabildeo legítimo y transparente.
El argumento central es la falta de «intención corrupta», un elemento crucial para sostener los cargos de “soborno” y “fraude de servicios honestos”, según los abogados.
La defensa sostiene que Rossini llevó sus preocupaciones sobre posibles irregularidades en la OCIF directamente al FBI, lo que demostraría una intención de exponer la corrupción en lugar de participar en ella.
Se señala que tanto Rossini como Vázquez acudieron al FBI para denunciar corrupción, pero, aseguran, acabaron siendo investigados por el propio buró sin justificación clara.
Un punto clave en la defensa es la cronología de los eventos. Según la moción, las acciones que supuestamente formaban parte del quid pro quo (intercambio de favores o beneficios), como la remoción de Joyner, ocurrieron antes de que se estableciera un eventual acuerdo.
Adicionalmente, explican que el nombramiento de Rodríguez Bonilla se basó en méritos profesionales y no en favores políticos.
Rodríguez Bonilla tiene una amplia experiencia en cumplimiento financiero y regulación bancaria y se recusó de cualquier asunto relacionado con Bancrédito debido a una relación previa, de acuerdo con los letrados.
La moción también aporta información sobre correos electrónicos internos de OCIF que demostrarían presiones para alterar los informes de examen, lo cual apoya los argumentos sobre posibles irregularidades dentro de esa institución.
Encuestas políticas
La defensa también cuestiona la caracterización de una encuesta política como parte de un soborno, tras alegar que era una herramienta estándar de investigación política disponible públicamente.
Aseguran que el sondeo no era un instrumento encubierto diseñado para apoyar la campaña de la exgobernadora Vázquez y remarcan que se hizo públicamente disponible y cubría múltiples candidatos y temas políticos más amplios.
Este caso se desarrolló en un contexto de turbulencia política en Puerto Rico. Vázquez Garced asumió la gobernación en 2019 tras la renuncia de Ricardo Rosselló en medio de protestas masivas.
Acusaciones
La fiscalía alega que entre 2019 y 2020, asesores políticos de Vázquez recibieron más de 300.000 dólares de banqueros internacionales para financiar su campaña electoral.
Vásquez fue arrestada en agosto de 2022 y salió en libertad bajo fianza. Herrera Velutini está acusado de ofrecer el soborno. Rossini, exagente del FBI que trabajaba como consultor de Herrera, también está implicado.
Un consultor político de Vázquez y la presidenta de un banco se han declarado culpables de participar en el esquema.
Implicaciones del caso
El caso ha generado un intenso debate sobre la línea entre la actividad política legítima y la corrupción. La defensa argumenta que las acciones eran «parte normal» del proceso político, mientras que la fiscalía las considera un esquema corrupto para influir indebidamente en las decisiones gubernamentales.
La moción expresa preocupación sobre el peligro de permitir que los fiscales federales presenten cargos políticos bajo estas circunstancias, advirtiendo sobre una posible politización del proceso judicial.
La resolución del caso podría tener implicaciones significativas no solo para los acusados, sino también para la interpretación legal de las prácticas políticas y cabildeo en Puerto Rico y potencialmente en todo Estados Unidos.
El tribunal que lleva el caso ahora deberá considerar estos argumentos al decidir sobre la validez de los cargos contra Vázquez Garced, Rossini y Herrera Velutini.
