El partido de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este miércoles que su jefe de protección, Milciades Ávila, fue “secuestrado” por funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Funcionarios del régimen ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se encontraba, violando todo procedimiento legal”, alertó la organización política en su cuenta en X.
Al menos 102 personas vinculadas a la campaña electoral del candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado, han sido detenidas en Venezuela este año, según dijo el martes el Foro Penal, una organización que ofrece asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria.
“En total, sumándole otras 12 personas que no están relacionadas directamente con ese grupo de oposición, son 124”, señaló Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, quien expresó preocupación por una escalada en la represión política.
Solo en la última semana 11 personas fueron detenidas, precisó.
Desde el inicio de este año cercanos colaboradores de Machado han sido detenidos acusados de estar vinculados a la organización de presuntos planes violentos contra el gobierno. Seis se encuentran asilados en la embajada de Argentina en Venezuela.
Conforme se acerca el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, han aumentado las detenciones de militantes y personas que han ofrecido servicio logístico y técnico para el desarrollo de la campaña presidencial, por ejemplo, personas que alquilan camiones o cornetas utilizadas para que la oposición transmita su mensaje durante los mítines.
Varios hoteles, posadas y restaurantes han sido sancionados y cerrados por el organismo de fiscalización tributaria del país, luego de haber ofrecido sus servicios a dirigentes opositores.
La semana pasada, mientras se trasladaba al estado Anzoátegui para participar en un acto de campaña, González Urrutia dijo haber viajado con sus alimentos para evitar el cierre de restaurantes que le vendan comida.
La oposición ha dicho que el Estado utiliza al organismo como “instrumento de represión” y ha denunciado ventajismo electoral oficial, así como una ola de represión y persecución contra la disidencia.
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