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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) afirmó que las violaciones a los derechos humanos se agravaron en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando el Estado “reactivó e intensificó” su “maquinaria de represión” para “desarticular y desmovilizar” a la oposición.
Un adelanto de este informe publicado en septiembre, provocó la reacción del gobierno de Venezuela, que lo tildó de «panfleto» falso y «adefesio».
La ampliación del informe de la misión, divulgado el martes, analizó los delitos cometidos en el país entre el 1 de septiembre de 2023 y el 21 de agosto del 2024, y afirmó que tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones a los DDHH cometidas en Venezuela durante el último año constituyen crímenes de lesa humanidad.
La FFM señaló a las fuerzas de seguridad, pero especialmente a miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de estar involucrados “masivamente” entre otros en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual.
“En los 10 meses anteriores a las elecciones, la misión documentó e investigó numerosos actos de represión selectiva (…) tras el anuncio de los resultados electorales, las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, precisa el extenso documento de 158 páginas.
Al menos 28 personas murieron y más de 2.400 han sido detenidos, entre ellas menores de edad y discapacitados, luego de que la autoridad electoral venezolana proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye la victoria.
A casi tres meses de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha divulgado resultados desglosados, a pesar de los reclamos de parte de la comunidad internacional que todavía no ha reconocido a Maduro como presidente electo. El gobierno por su parte asegura que su triunfo es indiscutible y tilda a los opositores de terroristas, responsabilizándolos de la violencia ocurrida tras los comicios.
La FFM expresó “especial preocupación” ante la detención de al menos 159 niños y niñas durante y después de las protestas.
Además, alertó que, junto con las fuerzas de seguridad, los poderes e instituciones del Estado, incluyendo el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP), reflejaron su “alineamiento” con el Ejecutivo “en perjuicio del ejercicio independiente e imparcial de sus mandatos constitucionales, contribuyendo a la comisión de violaciones graves y delitos”.
La FFM también precisa que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa”, incluyendo no solo a líderes políticos y actores de la sociedad civil, sino que, después de las elecciones, incluyó a ciudadanos comunes que demostraron su desacuerdo con los resultados.
En el informe la FFM pormenoriza las denuncias de conspiraciones y planes desestabilizadores “reales o ficticios” que denuncia el gobierno “para justificar la represión”.
Además, presenta detalladamente quiénes son los señalados y denuncia tener motivos razonables para creer que varios de ellos fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración, han sido sometidos a torturas y obligados a redactar cartas o grabar videos para implicar a otras personas.
Durante la presentación del informe ante el Consejo de DDHH de la ONU el mes pasado, Marta Valiñas, presidenta de la FFM, afirmó que las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas “ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en el que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades” y sostuvo que el riesgo de que se desintegre el Estado de derecho es “muy alto”.
El gobierno venezolano ha dicho que los reportes de la FFM, cuyo mandato fue renovado la semana pasada, son “falsos”.
Sobre el Estado venezolano avanza una investigación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por presuntos crímenes de lesa humanidad que, según el gobierno, “nunca han ocurrido”.
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