Las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario y Justicia Social denunciaron el lunes ante el ministerio Público a diputados del Congreso salvadoreño y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por delitos de lesa humanidad que se habrían cometido durante el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, dijo que los denunciados son Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa; los congresistas Suecy Callejas, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Reynaldo Cardoza, Reinaldo Carballo, Rodrigo Ayala, José Serafín Orantes, los excongresistas Guillermo Gallegos y Numan Salgado, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La denuncia también incluye al director general de centros penales, Osiris Luna, además de varios fiscales, jueces sin rostro, directores de centros penales, y fiscales, a los que la denuncia no identifica públicamente porque la información “está reservada”. Todos son acusados de los delitos de incumplimiento de deberes, negación de auxilio a los privados de libertad y actos arbitrarios.
La acusación recae sobre los diputados que “han firmado las prórrogas del régimen de excepción».
La Associated Press buscó a la oficina de comunicaciones de Casa Presidencial para obtener una postura y su respuesta fue “no hay comentarios”.
La abogada Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que la denuncia se basa en lo que dijeron recientemente relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas, “donde establece que El Salvador está violando pactos, convenios y tratados internacionales del sistema universal, y específicamente del Estatuto de Roma”.
Escobar señaló que desde que entró en vigor el régimen de excepción, de forma “ilegal” se han aprobado 27 prorrogas, y “se ha mandado a más de 26.000 salvadoreños, siendo inocentes, a pagar una condena que no deben, pero también a ser torturados por golpes, estrangulamiento o negación de tratamiento médicos, que a este país ya la costó la vida a 305 personas adultas y de cuatro bebés, hijos de privadas de libertad”.
Recientemente Human Rights Watch presentó un informe de 114 páginas en el que documentó 66 casos de menores que fueron víctimas de abusos como detención arbitraria, tortura, malos tratos y acoso policial.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Las reformas al Código Penal también imponen penas de 10 años como mínimo a los que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años la pena es de 20 años de prisión.
Según el informe de Human Rights Watch, desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a penas que van desde los dos a los 12 años de prisión, “a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”, agregó el informe.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo y registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.00 habitantes, mientras que, en 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares, de acuerdo a datos del gobierno.
En lo que va del año 2024, la policía registra 76 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido su política de mano dura a pesar de los cuestionamientos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. El ministerio de Seguridad informó que en El Salvador ha acumulado 665 días sin homicidios.“Gracias a Dios, tenemos plan de seguridad más exitoso y verificable del mundo” dijo el presidente Bukele en la red social X.
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