El 31JUL24 los miembros de la misión diplomática argentina debieron abandonar a toda prisa Venezuela luego que el régimen les expulsara. Los diplomáticos argentinos corrieron la misma suerte que sus colegas de Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay cuyos gobiernos se habían pronunciado contra las evidencias de fraude electoral cometido por el régimen en las votaciones del 28JUL24. Antes de abandonarla, los diplomáticos argentinos izaron la bandera de Brasil en la residencia argentina y un funcionario diplomático brasileño tomó simbólico control de la edificación. En la residencia del embajador argentino quedaron seis opositores venezolanos a quienes Argentina había concedido asilo el 29MAR24 pero el régimen se niega a otorgarles el salvoconducto para salir del país. El gobierno de Javier Milei solicitó al gobierno de Lula da Silva que asumiera la representación de los intereses argentinos en Venezuela y pasara a custodiar las sedes diplomáticas y sus archivos. A pesar de las pésimas relaciones entre Milei y Lula, la cancillería brasileña recomendó aceptar el pedido argentino en nombre de las relaciones privilegiadas entre los dos países. Se trata de un esquema usual amparado por las convenciones de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y de 1963 sobre relaciones consulares que suponen el consentimiento del “país receptor”. En las siguientes semanas la misión brasileña, que se negó a trasladar a los asilados a una sede en Caracas, realizaba periódicas visitas a la residencia mientras los servicios domésticos seguían en manos de personal local contratado por Argentina. El 07SEP24 el gobierno de Brasil emitió un comunicado informando que el régimen venezolano había decidido “revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela”. Según un comunicado de la cancillería chavista la medida fue tomada porque el régimen tendría “pruebas sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio”. Desde el 06SEP24 Brasil ya no está brindando la limitada protección que venía dando a los seis opositores, cinco de ellos parte del equipo de trabajo directo de María Corina Machado. El Informe Otálvora solicitó infructuosamente un pronunciamiento a la “asesoría de comunicación social” de Itamaraty.
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Pedro Urruchurtu Noselli, encargado de las relaciones internacionales del partido de María Corina Machado y uno de los asilados en la embajada argentina, explicó al Informe Otálvora el 27NOV24 que “desde que cancillería [chavista] revocó la representación de intereses, salvo la bandera y algunos contactos por teléfono, no ha podido entrar nadie [de la embajada de Brasil]. No tienen permiso”.
En su comunicado del 07SEP24, la cancillería de Itamaraty afirmó que haría caso omiso de la revocatoria emitida por el gobierno chavista y “de acuerdo con lo que establecen las convenciones sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, Brasil permanecerá con la custodia y la defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro Estado aceptable por el gobierno venezolano para ejercer las referidas funciones”. Pero hasta la fecha ningún tercer gobierno ha asumido la representación de Argentina en Venezuela. Terminaba aquel comunicado de Itamaraty afirmando que “el gobierno brasileño resalta en este contexto, en los términos de la Convención de Viena, la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina que actualmente abrigan seis asilados venezolanos además de bienes y archivos”.
Pese a la declaración principista brasileña, el régimen chavista ha mantenido un cerco a la residencia argentina controlando el acceso al personal de servicio y a los proveedores de bienes de primera necesidad. El suministro eléctrico y el de agua potable ha sido cortado en diversas ocasiones e incluso el 27NOV24 el régimen impidió que un camión cisterna descargara agua en la sede argentina.
Los asilados valiéndose de sus limitados recursos técnicos han continuado participando como planificadores y promotores de las acciones políticas en apoyo a María Corina Machado quien permanece en la clandestinidad bajo un tenaz cerco impuesto por el aparato represivo del régimen.
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Mediante una publicación en su cuenta X, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken dejó saber el 19NOV24, la decisión de su gobierno de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. “El pueblo venezolano habló rotundamente el 28 de julio e hizo presidente electo a Edmundo González. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense.
El 27NOV24, el Departamento de Estado anunciando la imposición de sanciones a 21 jerarcas del régimen, alegó que “cuatro meses después de que el pueblo venezolano eligiera a Edmundo González Urrutia como presidente el 28 de julio, Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”. El comunicado del Departamento del Tesoro del 27NOV24 explicando las sanciones a “21 funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con Nicolás Maduro” los acusó de haber “apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, ignorando así la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”. Las propiedades en EEUU de los sancionados quedan congeladas y las personas físicas o legales de EEUU no podrán realizar operaciones con los sancionados so pena de sanciones o medidas coercitivas. Según el Departamento de Estado, desde el diseño del esquema de sanciones contra el régimen chavista ya han sido sancionados 180 jerarcas del régimen y a cerca de 100 instituciones, además el número de personas incorporadas al listado de prohibición de ingreso a EEUU (restricción de visado) alcanzaría a 2.000.
Por cierto, entre los nuevos jerarcas chavistas sancionados por EEUU se encuentra la hija del cogobernante Diosdado Cabello, Daniella Cabello Contreras, actual funcionaria del régimen.
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Ese mismo día 27NOV24, a tempranas horas de la mañana y antes de hacerse públicas las nuevas sanciones, la Casa Blanca convocó a una rueda de prensa vía teleconferencia en la cual expusieron representantes del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional. Durante el intercambio con la prensa, los funcionarios dejaron saber que EEUU había “dado a Nicolás Maduro y a sus representantes todas las oportunidades para hacer lo correcto y hemos incentivado la posibilidad de adoptar medidas democráticas. En cambio, Maduro y sus representantes decidieron utilizar la represión violenta y tomar el poder a cualquier precio. Esto no es algo que EEUU y otros países de la región van a tolerar”. En consecuencia, EEUU “ha tomado medidas para aumentar la presión contra Maduro y sus representantes, responsables del fraude electoral ocurrido el 28 de julio y después, y de la brutal represión que hemos visto en los últimos meses”.
Los expositores oficiales dejaron saber que no están previstos cambios en la política de sanciones y de las licencias que suavizan las sanciones petroleras contra el régimen chavista. “Estamos dispuestos a calibrarlo y ajustarlo según sea necesario para avanzar en los objetivos de política exterior de EEUU. Reiteraron que “obviamente siempre estamos evaluando los acontecimientos sobre el terreno en Venezuela, cómo eso se corresponde con nuestra política de sanciones, qué pasos podemos tomar que puedan provocar mayores divisiones en el régimen también”.
Sobre las relaciones con EGU, los voceros del gobierno Biden afirmaron que “el secretario Blinken y otros altos funcionarios estadounidenses han hablado con EGU en múltiples ocasiones y seguimos en estrecho contacto con él y con María Corina Machado y otras figuras de la oposición en Venezuela. Y priorizamos sus opiniones y puntos de vista mientras buscamos una manera positiva de avanzar”. Sobre posibles apoyos logísticos a EGU, uno de los voceros oficiales aclaró que el gobierno de EEUU “no ha recibido una solicitud de EGU para asistencia en su transporte, y no participamos en su salida de Venezuela, y no se nos pidió que lo hiciéramos”. Sobre una eventual participación de EEUU en una hipotética operación para trasladar a EGU a Venezuela en enero próximo, el vocero dijo que “si recibiéramos una solicitud de él, lo consideraríamos. Pero, ya saben, no reconocemos a las autoridades de Maduro, así que es algo con lo que, ya saben, no estamos en contacto con ellos sobre este tipo de cuestiones”.
Mientras el gobierno saliente decide mantener el cuadro ante la dictadura, la gran incógnita aún no resuelta es cuál será la real orientación del gobierno de Donald Trump que se inaugura el 20ENE25.
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Quizás el único de los próximos funcionarios del gobierno de EEUU que se ha referido específicamente al futuro de las relaciones con el régimen chavista ha sido Thomas Homan designado “zar de la frontera” dentro de la Secretaría de Seguridad Nacional en un cargo que no requiere aprobación legislativa.
Homan figura como parte del equipo colaborador en la redacción del Project 2025, el programa de gobierno elaborado por la republicana Fundación Heritage que fue rechazado por Donald Trump durante la campaña electoral pero ahora un significativo número de sus redactores han sido anunciados para formar parte del nuevo gobierno en posiciones relevantes. Homan quien fue nombrado durante el gobierno Obama como director de Inmigración y Aduanas, fue después designado por Trump en 2017 como director encargado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas desde donde adelantó una fuerte campaña contra migrantes incluyendo la aplicación de la política de separación de familias de indocumentados.
En declaraciones a New York Post difundidas el 24NOV24, Homan se refirió a una línea de acción sobre Nicolás Maduro para presionarlo y alcanzar un acuerdo para la expulsión de migrantes hacia Venezuela. Como parte de las negociaciones del gobierno Biden con la dictadura venezolana, en 2023 fue establecido un mecanismo para que, pese a las sanciones existentes, pudieran aterrizar en Venezuela vuelos procedentes de EEUU con venezolanos deportados. A partir del 13FEB24 el régimen venezolano se negó a recibir vuelos como respuesta a nuevas sanciones económicas impuestas por Washington. En sus declaraciones a New York Post, Homan dijo que “la administración entrante tiene mucha influencia para obligar a Venezuela a comenzar a aceptar deportaciones, incluyendo amenazas de aún más sanciones y retención de ayuda, que totalizó 209 millones de dólares el año pasado”. Realmente lo de la “ayuda” no es un arma contra Maduro ya que ese financiamiento no es suministrado al régimen sino a terceros países que apoyan a migrantes venezolanos. Pero el tema de “más sanciones” si se corresponde con el marco de acción de EEUU hacia la dictadura chavista.
Homan alabó a Trump quien en su primer gobierno “logró que El Salvador aceptara la MS-13 y que México aceptara el programa Permanecer en México”. Y extrapolando lo que sería el nuevo gobierno Trump, Homan dijo que “tengo fe en que el presidente Trump trabajará con el presidente de Venezuela”.
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La visión de Homan es la punta del iceberg de las fuerzas que consideran que el cambio de régimen en Venezuela no es la prioridad de EEUU. El enfoque de un gobierno de Trump procurando acuerdos con la dictadura venezolana en materia petrolera pareciera que está adquiriendo fuerza y ha quedado ya patente en publicaciones de la gran prensa estadounidense. El Wall Street Journal publicó el 28NOV24 un reportaje donde asegura que “ejecutivos petroleros e inversores en bonos están instando” a Trump para que “abandone su política del primer mandato de máxima presión sobre el hombre fuerte de Venezuela y en su lugar alcance un acuerdo: más petróleo por menos migrantes”. El reportaje se centra en los intereses del empresario naviero y petrolero estadounidense Harry Sargeant III, quien tiene acceso directo con el régimen chavista, cuenta con una licencia emitida por el gobierno Biden para importar a EEUU asfalto venezolano y tendría acceso al presidente electo Donald Trump.
En el pasado reciente la petrolera Chevron gustaba presionar a los gobiernos Trump y Biden en procura de licencias para operar en Venezuela alegando la apetencia rusa y china del petrolero venezolano. Con el alto nivel que el asunto migratorio adquirió durante la campaña electoral en EEUU, la nueva argumentación de quienes procuran hacer negocios con la dictadura chavista es relacionar el aflojamiento de las sanciones a cambio de reducir la migración ilegal de venezolanos.
Por cierto, Elliott Abrams quien sirvió como “enviado espacial” para Venezuela durante el primer gobierno Trump, en una nota publicada por el Council on Foreign Relations el 28NOV24, se mostró contrario al enfoque de suavizar sanciones petroleras a cambio de reducir la migración de venezolanos hacia EEUU. “Una política que vaya más allá de la que adoptó la administración Biden al suavizar las sanciones contra el régimen de Maduro, justo después de que este robara una elección y aumentara enormemente la represión interna, no producirá “más petróleo y menos migrantes”. De hecho, producirá “más migrantes y muy poco más petróleo”.
