WASHINGTON.- El gobierno de Joe Biden anunció este lunes la extensión de la licencia que permite ciertas transacciones de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) a Venezuela. Esta decisión llega en un momento crucial para el país sudamericano, que enfrenta serios desafíos energéticos y económicos.
La extensión de la licencia, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, autoriza «todas las transacciones relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirecta, de gas licuado de petróleo a Venezuela». Esta normativa aplica tanto al régimen de Nicolás Maduro como a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y cualquier entidad que mantenga vínculos con esta.
La nueva licencia, identificada como 40C, estará vigente durante un año y reemplaza a la que había sido emitida el 10 de julio de 2023. Sin embargo, mantiene la restricción de no permitir pagos en especie de petróleo o productos derivados, y excluye transacciones con personas bloqueadas.
El GLP, una mezcla de butano y propano, es vital para Venezuela, un país que, a pesar de su riqueza energética, enfrenta severas carencias de combustible. La prolongación de esta licencia representa un alivio para muchas regiones que sufren de escasez de combustible, impactando directamente en la vida diaria de los ciudadanos.
Repercusiones políticas y económicas
El régimen de Maduro destacó que esta extensión es un resultado del reciente diálogo bilateral entre la Administración Biden y Venezuela. Esta negociación se reanudó la semana pasada, a solo tres semanas de las elecciones presidenciales en el país caribeño. Según el ejecutivo venezolano, ambos países han acordado «mejorar las relaciones» bilaterales.
Por otro lado, la administración Biden expresó críticas hacia el proceso electoral en Venezuela, señalando obstáculos significativos para la participación, como la detención de 46 opositores, en los últimos seis meses, según la ONG Acceso a la Justicia.
Analistas políticos consideran que esta extensión de la licencia podría interpretarse como un intento de Estados Unidos de equilibrar sus sanciones económicas con la necesidad de mantener un canal de comunicación abierto con el régimen venezolano. Esta medida humanitaria busca aliviar la situación energética en Venezuela, mientras se sigue presionando por un proceso electoral más transparente y justo.
FUENTE: Con información de AFP
