La administración Biden está reanudando el programa de inmigración que permite a los cubanos, haitanos, nicaragüenses y venezolanos migrar legalmente a Estados Unidos, y está incluyendo una “investigación adicional” de sus patrocinadores financieros asentados en el país tras preocupaciones de fraude.
El Departamento de Seguridad Nacional había suspendido el programa a principios de este mes para investigar las preocupaciones, pero indicó que una revisión interna no encontró ningún fraude generalizado entre los patrocinadores.
“Junto con nuestra rigurosa investigación existente de los beneficiarios potenciales que buscan viajar a los Estados Unidos, estos nuevos procedimientos para los patrocinadores han fortalecido la integridad de estos procesos y ayudarán a proteger contra la explotación de los beneficiarios”, dijo la agencia.
El programa se lanzó en enero de 2023 y es una pieza importante de las políticas de inmigración de la administración Biden que crean o amplían vías de entrada legal al tiempo que restringen el asilo para quienes cruzan la frontera ilegalmente.
La política está dirigida a los países que envían grandes cantidades de personas a Estados Unidos y que generalmente se niegan a aceptar a quienes son deportados. Está acompañada por compromisos de México de recibir de regreso a las personas de esos países que cruzan la frontera estadounidense ilegalmente.
En virtud de este programa , Estados Unidos acepta hasta 30.000 personas al mes de los cuatro países durante dos años y ofrece la posibilidad de obtener una autorización de trabajo.
Para poder optar a este programa, los inmigrantes deben contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos que los represente y volar a un aeropuerto estadounidense por su cuenta, en lugar de cruzar por la frontera sur. Los patrocinadores y los inmigrantes que esperan venir a Estados Unidos deben someterse a una investigación de antecedentes por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Los republicanos han criticado repetidamente el programa por considerarlo una forma de evadir las leyes de inmigración. Inmediatamente atacaron a la administración cuando el programa fue suspendido a principios de este mes, señalándolo como una validación más de sus preocupaciones sobre si los inmigrantes fueron investigados adecuadamente.
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