Los recientes arrestos de extranjeros en Venezuela podrían formar parte de un “patrón” que busca ventajas entre negociaciones y generar distracciones de los asuntos políticos, como ocurre en países en conflicto y bajo presiones internacionales, según expertos consultados por la Voz de América.
El gobierno de Venezuela comunicó el fin de semana la detención de dos estadounidenses, dos españoles y un checo bajo acusaciones de formar parte de un presunto plan de “desestabilización” que buscaría afectar la gestión del presidente Nicolás Maduro, contra quien atentarían, de acuerdo con el oficialismo.
Esas detenciones forman parte de “un patrón” con distintas razones y “mensajes” en medio de la referencia recurrente a atentados y conspiraciones contra el gobierno venezolano, de acuerdo con la experta en relaciones internacionales, Elsa Cardozo.
Los españoles José María Basua y Andrés Martínez Adasme fueron detenidos en Puerto Ayacucho, en el estado sureño de Amazonas. También fue apresado el checo Jan Darmovzal, identificado por medios locales como un reservista activo del 43vo. Regimiento en Chrudim, República Checa, y funcionario del Ejército checo.
Caracas también informó sobre las detenciones de los estadounidenses Estrella David y Aaron Barren Logan, que se suman a la aprehensión el 1 de septiembre de Wilbert Joseph Castañeda, un militar perteneciente a la rama militar Navy Seals. El operador tiene además la nacionalidad mexicana, según reportes de la prensa.
Si bien son frecuentes las denuncias en Venezuela sobre planes desestabilizadores y magnicidas con presunta complicidad de gobiernos extranjeros, las acusaciones recientes ocurren en medio del escalamiento de tensiones políticas entre el gobierno de Maduro y Estados Unidos y Europa, especialmente el poder ejecutivo de España.
El arresto de los dos ciudadanos españoles se conoció apenas días después de que el gobierno de España recibiera y concediera asilo político al excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia. Según Caracas, formarían parte de los servicios de inteligencia de su país, lo que ha sido negado por el gobierno del Pedro Sánchez.
Además, las detenciones se comunicaron días luego del anuncio de sanciones individuales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 16 funcionarios venezolanos acusados de “obstruir el proceso electoral presidencial” de julio y reprimir a la disidencia.
¿Agentes de canje?
El primer propósito de las detenciones sería “justificar” la represión del activismo político democrático dentro del país, asociándolo a planes subversivos, dijo a la VOA Elsa Cardozo. También, son útiles para “descalificar” a los gobiernos que apoyan la recuperación de la democracia en Venezuela, vinculándolos directa o indirectamente a conspiraciones, resaltó.
Otro propósito sería “sumar advertencias” a los gobiernos que se pronuncien o participen en iniciativas sobre el desconocimiento de la legitimidad del gobierno venezolano y su “versión” de la soberanía nacional, según Cardozo.
Además, buscarían “utilizar a los detenidos como recurso de presión y negociación”, apuntó. Este martes, el ministro de relaciones exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que actúa «pensando» en la democracia y los derechos humanos en Venezuela, pero también en los 200.000 españoles que están en ese país, incluyendo a los dos detenidos.
Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela intercambiaron detenidos en diciembre pasado como parte de conversaciones directas, dos meses después de firmarse los Acuerdos de Barbados sobre garantías políticas en Venezuela.
Aquel canje incluyó la liberación en Estados Unidos de Álex Saab, un empresario colombiano identificado por Caracas como su enviado especial para asuntos humanitarios, detenido en Cabo Verde y extraditado a Florida. Según fiscales norteamericanos, Saab utilizó el sistema económico estadounidense para lavar capitales y sobornos a funcionarios venezolanos.
Venezuela repatrió a 10 estadounidenses detenidos en su territorio bajo distintos cargos penales, que iban desde el ingreso ilegal al país hasta conspiraciones políticas.
Alias “Fat Leonard”, quien orquestó el mayor escándalo de corrupción en la historia de la Marina norteamericana, detenido en Venezuela cuando intentaba viajar a Rusia, fue retornado a EEUU como parte de ese intercambio de arrestados.
Un año antes, en octubre de 2022, los gobiernos de Joe Biden y Maduro habían concretado otras excarcelaciones, las de dos sobrinos de la esposa del mandatario venezolano condenados por narcotráfico en Estados Unidos y de siete estadounidenses detenidos en Venezuela, entre ellos 5 de los 6 exdirectivos de la empresa petrolera Citgo y un exmarine.
Instrumento útil en conflictos
El canje de prisioneros no sólo se utiliza en conflictos abiertos o de guerra, como en el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, sino también donde no hay “una guerra abierta” y existen gobiernos poco democráticos, explicó a la Voz de América el politólogo Carlos Romero, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela.
“El instrumento del canje de prisioneros puede ser utilizado por gobiernos que se sienten amenazados por situaciones internacionales que no son de su agrado. Lo estamos observando en Venezuela”, apunta el especialista en relaciones internacionales.
Romero subrayó que las detenciones de extranjeros y las sucesivas acusaciones de presuntas conspiraciones contra el gobierno venezolano ocurren mientras gran parte de los países de América y Europa sostienen la tesis de que hubo fraude electoral en Venezuela.
“Es otro malestar importante que tiene el gobierno, apostando al tiempo para que se olviden las cosas. Se contribuyen con ese tipo de alarmas a que haya una especie de normalidad dentro de la anormalidad”, indicó.
Las presiones al poder ejecutivo de Maduro no sólo provienen de Estados y gobiernos, sino además de organizaciones no gubernamentales y multilaterales, como la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
Este martes, esa misión adelantó que el Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó “una modalidad más dura y violenta” contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio.
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