el camino del periodista nicaragüense exiliado Wilfredo Miranda

En la primavera de 2020, el joven periodista nicaragüense Wilfredo Miranda rastreó cómo el gobierno -liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo- ocultaba la cifra de contagios y muertes por Covid-19. En esa ocasión decidió no publicar su reportaje en los medios internacionales con los que aún suele colaborar, como El País y Univisión.

En su lugar, abrió junto a los colegas y amigos Néstor Arce y Carlos Herrera una página web que habría de convertirse en Divergentes, una de las principales revistas de investigación en Centroamérica.

Tan solo cuatro años más tarde, Divergentes ha sido finalista del Premio Roche de Salud 2021, convocado por la Fundación Gabo, y obtenido el Premio Ortega y Gasset 2022 en la categoría Mejor cobertura multimedia por una serie que repasa, desde la óptica de la justicia transicional, los protestas populares de abril de 2018 en Nicaragua y sus más de trescientas muertes a manos de las fuerzas militares bajo las órdenes del gobierno de Ortega.

Los fundadores de Divergentes, todos menores de 35 años, vienen de Confidencial, el medio periodístico dirigido por Carlos Fernando Chamorro. Desde entonces, ya Miranda era un objetivo del poder.

Visibilizar «la visión extrativista» del gobierno de Ortega

Como parte del ejercicio del periodismo en su país. Miranda dedicó parte de su trabajo a mostrar cómo el gobierno de Ortega comenzó a reprimir las protestas populares de campesinos entre 2013 y 2015, a partir de las operaciones para abrir un canal interoceánico en Nicaragua.

«A pesar de su aparente ideología de izquierda, Ortega llegó al poder con una agresiva visión extractivista», dice Miranda. La Ley 840 legalizaba la expropiación de tierras campesinas que ocuparan un lugar estratégico en la construcción del canal y permitía su compra a precio de catastro y no de mercado.

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Como consecuencia de la Ley 840 hubo un desplazamiento de más de trescientos mil campesinos. Miranda escribió reportajes de gran impacto público donde documentaba esos desplazamientos o señalaba el daño medioambiental que provocaría el dragado necesario para la construcción del canal, especialmente en el Lago Cocibolca, el mayor reservorio de agua dulce de Centroamérica.

Como reportero de televisión en el programa Esta Semana, también en Confidencial, Miranda reveló la violación de una niña discapacitada de 12 años por varios miembros del cuerpo de seguridad de Ortega. La investigación tuvo tanta resonancia que tres de los perpetradores terminaron en prisión.

Pero, según sus propias palabras, el trabajo que le cambió la vida llegó en la primavera 2018, luego de las protestas masivas. El reportaje, titulado «¡Disparaban con precisión: a matar!», demostraba las ejecuciones extrajudiciales, el uso de armamento de alto calibre que solo podía pertenecer al ejército o los disparos de francotiradores desde posiciones privilegiadas. El texto fue una de las principales pruebas usadas tanto por Naciones Unidas como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asegurar que el régimen de Ortega había cometido crímenes de lesa humanidad.

Entre mayo y diciembre de 2018, Miranda cuenta que sufrió una persecución implacable: abrieron su carro, lo amenazaron de muerte y tuvo que mudarse cinco veces de casa. Para fines de año, las fuerzas policiales allanaron y confiscaron las oficinas de Confidencial. Los periodistas del medio exigieron explicaciones en la sede de la policía y fueron agredidos y golpeados. Inmediatamente empezó a circular un video en el que Miranda, con una voz falsa, amenazaba de muerte a un policía. Lo acusaron en televisión de terrorista mediático.

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A su vez, por esas mismas fechas, el gobierno apresó a Miguel Mora y Lucía Pineda, periodistas de 100% Noticias.

«No había que ser muy listo para averiguar quiénes serían los siguientes», dice Miranda, quien decidió salir del país de modo preventivo junto a Carlos Fernando Chamorro y otros colegas de Confidencial. Durante once meses, Miranda no se asentó ni pidió asilo en ninguna parte, sino que estuvo moviéndose entre casas de amigos en Costa Rica, México y Estados Unidos, hasta que en noviembre de 2019 regresó a Nicaragua.

Fundó su revista y la echó a andar apenas sin recursos.

«Para ese entonces, debido a las necesidades informativas impuestas por la pandemia, Confidencial se había vuelto más un medio de breakings news, y nosotros queríamos investigar, escribir textos más extensos, más reposados», dice. No obstante, un año más tarde, después de tanto acoso y persecución, la hora final parecía haberle llegado y Miranda tendría que marcharse con Divergentes hacia el exilio.

Una lancha de fondo chato, lo que en Centroamérica llaman panga, depositó a Miranda en la playa Manzanillo, al sur de Costa Rica, la tarde del 10 de junio de 2021. Un auto lo llevó hasta San José, una amiga lo acogió por unos días, le prestó ropas de su esposo y esa misma noche, a través de una llamada telefónica, Miranda solicitó refugio político en el país vecino. «Con el éxodo de 2018 habían llegado a Costa Rica entre ochenta y cien mil nicaragüenses, por lo que ya tenían instaurado un sistema muy eficiente de solicitud de refugio», dice.

La tarde anterior la fiscalía nacional lo había citado para un interrogatorio que duró cuatro horas. Veinte periodistas habían desfilado antes que él y también empresarios y figuras de la oposición política. Las encuestas de las elecciones presidenciales programadas para noviembre aseguraban la derrota aplastante de Ortega y Murillo, y por órdenes del gobierno fueron encarcelados candidatos presidenciales opositores.

«La gente decía que si ponían a un perro de candidato contra Ortega, el perro salía presidente», cuenta Miranda.

La fiscal amenazó con imputarle cargos y condenarlo a ochos años de cárcel bajo la Ley de Ciberdelincuencia, un código ad hoc que, junto a la Ley de traición a la patria o la Ley de cadena perpetua, fueron aprobadas en 2020 por la Asamblea Nacional que responde a Ortega en su mayoría, para legalizar la persecución política. Poco antes de que Miranda saliera de su interrogatorio, el ex candidato presidencial Félix Maradiaga había sido golpeado y apresado por fuerzas militares en los exteriores del edificio de la Fiscalía.

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Miranda no volvió a su casa. Se refugió en el hotel Hyatt, que fue inmediatamente rodeado por patrullas. Empezó a correr el rumor de que los militares habían allanado su vivienda. No era verdad, pero cerca de las ocho de la noche recibió una llamada de su abogado, quien le aconsejaba que lo mejor que podía hacer era marcharse del país porque ya él lo había hecho.

Varios amigos suyos se movilizaron, y en medio de un aguacero nutrido, que sirvió como protección, un microbús que simulaba labores de servicio recogió a Miranda por la parte trasera del hotel y lo llevó hasta una playa al sur del país. Limitados por la lluvia, ningún retén detuvo el microbús. Lo vistieron de pescador, envolvieron su laptop en un nailon negro, sortearon la vigilancia de la fuerza naval y una lancha lo condujo hasta la línea marítima costarricense, donde otra lancha lo recogió.

«Cargaba con una sensación de mierda, de derrota», dice Miranda, que en ese momento tenía 30 años.

Hoy, ya con un staff de unas veinte personas, Divergentes ha establecido su puesto de mando en San José, lo que no ha impedido que continúen informando y denunciando la realidad política y social nicaragüense. Esa es justo una de las razones por las que el 15 de febrero de 2023 el nombre de Wilfredo Miranda se encontraba en la lista de 94 opositores, junto a figuras como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, que fueron despojados por Daniel Ortega de su nacionalidad, en otra vuelta de tuerca represiva por parte de un régimen francamente decrépito.

En el momento del anuncio, Miranda entrevistaba en Washington a varios curas de su país que habían sufrido prisión política. Confiscaron sus bienes inmuebles, congelaron sus cuentas bancarias y lo declararon prófugo de la justicia y traidor a la patria.

«Sentí rabia, mucha rabia», dice. «…Y me senté a escribir un artículo, que es lo único que sé hacer».

La medida lo ha vuelto, si cabe, todavía más nicaragüense, comprometido y atado la fascinante posibilidad del regreso a casa.

«Lejos de quebrarnos el orgullo patrio, los dictadores nos han revitalizado el compromiso en el exilio, alimentado por la esperanza de que, tarde o temprano, vamos a volver a comer quesillo, y otros platillos anhelados, en nuestra Nicaragua», se lee en su artículo de respuesta al gobierno de Ortega.

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