El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, promueve una reforma de al menos 80 artículos a la Constitución venezolana, de la que ha dado pocos detalles. En teoría, el poder legislativo, clave en un proyecto como ese; está alineado con sus intereses.
Reformar la Carta Magna venezolana no es un proceso rápido. Según sus protocolos legales, contemplados entre los artículos 342 y 345 del propio documento, puede tomar hasta dos años y depende de varios pasos complejos, incluyendo una votación nacional.
Según Maduro, está en marcha una comisión nacional para la reforma, integrada por su esposa, la exdiputada Cilia Flores; la vicepresidenta y ministra de petróleo Delcy Rodríguez; el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez; y el fiscal general y exgobernador del chavismo, Tarek William Saab; entre otras figuras, como algunos magistrados del poder judicial, miembros de su gabinete ejecutivo y diputados de la Asamblea Nacional.
Según adelantó esta semana en una reunión de la comisión, hay comisiones que debaten temas como “la transformación, modernización y ampliación democrática de Venezuela”, “los principios y valores de la nueva sociedad”, “la actualización general de la Constitución” y “el nuevo modelo económico”, aunque no entró en detalles específicos.
Maduro, sin embargo, ha llevado a parte del país y a la prensa a “bailar la danza de la reforma” sin haber cumplido formalmente los pasos para su aprobación, hasta el momento, de acuerdo con el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta.
“Ha violado en el paso a paso lo que está en el librito. Hay una guía, un protocolo”, que el gobernante venezolano aún no ha cumplido, aseguró el especialista a la Voz de América.
El gobernante venezolano “no puede decir cómo se reforma la Constitución, porque ella misma tiene su procedimiento para la reforma”, remarcó Urdaneta.
El politólogo Walter Molina afirma que el oficialismo venezolano reacciona con esas modificaciones legales a la «derrota» que la oposición asegura haberle infligido en las presidenciales de 2024.
«Necesitan, para intentar mantener el poder a los porrazos y por medio del terror, constituir un nuevo sistema al que llamarán ‘comunal’, pero que, en el fondo, buscará ser lo que siempre han querido lograr: un totalitarismo», advirtió este mes en X.
Nelson Chitty La Roche, profesor universitario y abogado experto en derecho constitucional, ha dicho en múltiples intervenciones públicas que el proyecto de reforma buscaría convertir a Venezuela en «un Estado socialista» y que están por verse sus alcances.
A continuación, se precisan esos pasos para la discusión y la eventual aprobación de la reforma constitucional impulsada por Maduro y sus aliados políticos, meses después de juramentarse para un nuevo período de gobierno, en enero, por los siguientes 6 años.
¿Qué es una reforma?
La reforma tiene como objetivo “una revisión parcial” y la sustitución de una o varias de las normas contempladas en el texto constitucional de Venezuela, que fue redactado con sus 350 artículos entre abril y diciembre de 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada y ganada en elecciones con amplísima mayoría por el bloque del fallecido expresidente Hugo Chávez.
¿Quién puede promoverla?
Hay varias vías y actores que pueden promover una reforma de la Constitución en Venezuela. Según su artículo 342, la iniciativa puede tomarla la Asamblea Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes -actualmente son 277 diputados principales-.
Además, la pueden adelantar el presidente de la República en consejo de ministros o al menos 15 % de los venezolanos inscritos en el padrón electoral, que serían aproximadamente 3,2 millones de personas, a través de una petición formal.
El rol clave del parlamento
Uno de los pasos fundamentales es el debate de la reforma en la Asamblea Nacional, donde el chavismo tiene mayoría calificada desde enero de 2021. La oposición no participó en la elección de sus miembros en diciembre de 2020, por considerarla fraudulenta.
Según el artículo 343 de la Constitución, el proyecto de reforma tendrá una primera discusión para presentarlo al Parlamento. Un segundo debate debe incluir su revisión por título o capítulo y una tercera y última discusión lo detallará “artículo por artículo”.
Ese proyecto de reforma debe ser aprobado por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, con unos 182 votos positivos de sus integrantes, “en un plazo no mayor de dos años” a partir de la fecha en que se aprobó su solicitud.
El actual Parlamento está por renovarse en elecciones, previstas para mayo, y entraría en vigor en enero de 2026. Si el oficialismo quisiera garantizar la aprobación con la correlación actual de fuerzas en la AN, tendría que aprobar la reforma antes del 5 de enero de 2026.
Un referendo fugaz
Una vez aprobado en la Asamblea Nacional, el proyecto debe ir a referendo 30 días después de su sanción. Los electores deben aprobar “en conjunto” la reforma, pero hasta una tercera parte de su contenido puede votarse separadamente si así lo proponen una tercera parte del Parlamento, el presidente o el 5 % de los electores venezolanos.
El referendo de la reforma debe ser aprobado con más votos afirmativos que negativos, según el artículo 345 de la Constitución. Si se reprueba, no puede presentarse el proyecto de nuevo en el mismo período constitucional de esa Asamblea Nacional, que, en el acto actual, sería hasta la renovación parlamentaria del 5 de enero de 2026.
El presidente del país está “obligado” a promulgar la reforma dentro de los 10 días siguientes a su aprobación, de acuerdo con el artículo 346 de la Constitución.
El rechazo a la reforma de 2007
Hugo Chávez promovió una reforma a 69 artículos de la Constitución venezolana en 2007, un año después de haber ganado su reelección como presidente. Esa propuesta se dividió en dos bloques para su votación, la cual el oficialismo perdió por un estrecho margen.
Aquella se trató de la primera derrota en una votación nacional del chavismo, con una oposición que recién volvía a las urnas electorales tras abstenerse en las parlamentarias de 2005 y perder por amplio margen la presidencial de 2006.
Chávez la calificó como una “victoria de mierd*” en una intervención televisada sobre asuntos políticos.
Entre otras propuestas, aquella reforma contemplaba la reelección indefinida de cargos de elección popular, como el del presidente. Esa iniciativa sí se materializó el 15 de febrero de 2009 a través de una enmienda constitucional.
Asimismo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, que la oposición criticó por haber sido instalada sin previa consulta electoral, pero esa instancia no modificó artículo alguno de la Carta Magna en sus dos años de vigencia.
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