El Congreso salvadoreño ratificó el miércoles de forma expedita una reforma constitucional que elimina el financiamiento del Estado a los partidos políticos para sus campañas electorales.
La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, fue cuestionada porque favorecería que el oficialismo acapare más poder y sólo ha sido posible tras una reforma constitucional también criticada.
La reforma ya había sido aprobada por el Congreso, pero ahora recibió su ratificación. Es un trámite legislativo que antes era más complicado ya que exigía un cambio de legislatura –con elecciones de por medio— y que se ha podido hacer de forma simplificada en apenas dos semanas gracias a un cambio reciente en la Constitución y a la abrumadora mayoría oficialista.
Con 57 votos a favor, dos votos en contra y una abstención, la Asamblea Legislativa ratificó que se derogue el artículo 210 de la Constitución para eliminar el financiamiento público que reciben los partidos políticos y que se calculaba con base en la cantidad de votos que reciben en cada elección y la inflación.
En adelante, los partidos políticos de El Salvador únicamente podrán recibir financiamiento privado para sus campañas electorales.
La reforma pasará ahora al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción y publicación en el Diario Oficial.
Bukele impulsó la eliminación de la llamada deuda política, instando a las organizaciones políticas a que se financien por su cuenta, sin aportes públicos. «Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”, publicó el mandatario salvadoreño en la red social X.
Esa reforma fue cuestionada por la ONG Acción Ciudadana que afirmó que “sin financiamiento público, la política se privatiza y la democracia se debilita”.
“La eliminación del financiamiento público es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante”, sostuvo la ONG en un comunicado de prensa. Y advirtió que “se elevará el riesgo de que los partidos accedan a fondos prohibidos, como los del crimen organizado”, dado que no existe la debida fiscalización desde la autoridad electoral.
Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición, votaron en contra de la ratificación, mientras que la diputada del conservador partido VAMOS, Claudia Ortiz, se abstuvo.
El diputado de Arena Francisco Lira argumentó que la reforma «es ilegal, inconsulta e impopular” y afirmó que la derogación del artículo 210 de Constitución “es sólo es una excusa para cambiar la Constitución de la República al antojo que tenga Casa Presidencial”.
En la misma sesión plenaria, el Congreso aprobó la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, que busca crear laboratorios de Inteligencia Artificial (IA) y centros de datos con regulación de una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) cuyo director será nombrado por el presidente de la República.
Con la nueva ley, el Estado deberá de promover la creación de laboratorios de inteligencia artificial, centros de investigación para proporcionar recursos, formación y orientación a entidades que trabajan con esta tecnología.
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