La elección directa de jueces, clave de una polémica reforma judicial propuesta por el mandatario saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, representa un «riesgo mayor» para la democracia del país latinoamericano, dijo el jueves el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
La controvertida reforma busca que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos mediante el voto popular. En rechazo, miles de trabajadores judiciales iniciaron un paro de labores esta semana mientras el Congreso, de mayoría oficialista, se apresta a votar los cambios en septiembre.
«Basándome en mi experiencia de toda una vida y apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México», dijo Salazar en una carta pública.
La reforma ha puesto en vilo a los mercados. A pesar de ello, la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, quien asumirá su cargo en octubre, ha defendido la propuesta.
«Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas adecuadas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política», agregó Salazar.
El funcionario estadounidense añadió que el debate y la política en torno a la reforma amenazarían la relación comercial entre Estados Unidos y México, «que depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México».
En un intento por poner paños fríos a las reacciones de los mercados financieros, el oficialismo propuso más de 100 rectificaciones a la reforma. Sin embargo, analistas concuerdan en que los cambios principales -gradualidad y escalonamiento- no modifican la esencia de la iniciativa original.
López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque «no está al servicio del pueblo» y «responde a intereses de la delincuencia organizada».
Entre otros cambios, la reforma propone reducir número de integrantes de la corte suprema de 11 a nueve, crear un órgano de administración autónomo, un tribunal disciplinario, una reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia y un esquema de justicia cívica y alternativa para despresurizar al sistema penal.
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