LA HABANA.- El régimen cubano pondrá en vigor su Ley de Comunicación Social, bajo el pretexto de mejorar el aparato comunicacional de la isla. Sin embargo, expertos y críticos a la dictadura han alertado sobre el nuevo instrumento que aumentaría la represión y censura en el país.
Uno de los aspectos más discutidos de la ley es la regulación de la publicidad. Lorayne Izquierdo O’Farril, subdirectora general de Publicidad y Patrocinio del Instituto de Información y Comunicación Social, afirmó que “la ley reconoce la publicidad y el patrocinio como parte del sistema de comunicación”, pero también aclaró que la publicidad estará sujeta a un estricto control. Según la normativa, la publicidad de productos como el tabaco o las bebidas alcohólicas estará restringida a ciertos horarios y no podrá utilizar figuras públicas como deportistas o artistas, reseña el portal web CubaNet.
El control publicitario en manos del Estado limitará las oportunidades de promoción para los actores no estatales, especialmente en un contexto de crisis económica.
La insistencia en la inscripción y el control sobre los medios que quieren acceder a beneficios plantea preocupaciones sobre cómo esta nueva ley podría afectar a la prensa independiente. En un país donde los medios de comunicación han estado históricamente bajo el control del Estado, las nuevas regulaciones pueden percibirse como una herramienta para limitar aún más las voces disidentes y mantener un férreo control sobre la información disponible para la ciudadanía.
La SIP alza la voz
Tras la aprobación de la ley, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al régimen cubano por su “ardid de legalizar la censura”, que refuerza la represión a la libertad de prensa y restricción de la libertad de expresión de los ciudadanos.
Michael Greenspon, nuevo presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, denunció el endurecimiento de las restricciones a los medios y periodistas en la Isla.
“Es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social”, declaró Greenspon, según la nota publicada en la página web de la SIP.
“En sus más de seis décadas de existencia, la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos”, agregó.
Como se deriva de sus postulados, la normativa no garantizará la libertad de prensa en la Isla ni permitirá la difusión de contenidos independientes de los producidos por el Estado; solo reconoce la legalidad de los medios que están vinculados al Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en el país.
Desde su aprobación, periodistas y diversas organizaciones no gubernamentales han señalado que la ley representará un endurecimiento de las restricciones sobre los medios digitales independientes en Cuba, que seguirán sin ser reconocidos por el régimen y cuyos periodistas están sometidos al acoso y las amenazas de cárcel de las autoridades.
En su artículo 13.1, por ejemplo, dispone que “los contenidos en ningún caso pueden (…) emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista”; “difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos, entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país”.
Esta cuestión se ampara igualmente en el Código Penal (en vigor desde diciembre de 2022), específicamente en su artículo 185.1, sobre el delito de “desobediencia”, cuya sanción pudiera ser de seis meses hasta tres años de privación de libertad, o multa de hasta 300 cuotas por amenazar, calumniar, difamar, insultar, injuriar, ultrajar u ofender a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares
FUENTE: Redacción con información de CUBANET
